Duro día para el funcionario, quien dijo que Marsans aceptó los cambios de Diputados al proceso de nacionalización. Morales, de la UCR, le enrostró haber mentido en la cara de los legisladores. Mata: “Jaime los va a engañar”.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, afirmó hoy que el Gobierno no contempla la alternativa de expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral, en función que el propietario actual de las compañías aéreas acepta la discusión de la venta de las acciones.
Jaime expresó que el grupo Marsans mostró “una amplia voluntad” de aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, que dejó de lado el acta-acuerdo que suscribió con el Ministerio de Planificación.
La respuesta del funcionario se convirtió en una de las definiciones de su intervención, luego que senadores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y Transporte advirtieron de que la empresa española podría negarse a aceptar los cambios operados en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, por lo que la ley dejaba abierta una instancia no contemplada por la legislación en análisis.
“La ley nacional de expropiaciones no contempla en ninguno de sus articulados la expropiación de empresas ni de acciones comerciales, sino sólo de bienes o de inmuebles”, afirmó el funcionario, luego que a través de una pregunta le llegó la inquietud de senadores que admitían la posibilidad de que actual propietario de ambas firmas se negaran a aceptación la decisión del Congreso que desconoció el acta firmada el 17 de julio.
El funcionario se reunió durante más de tres horas con senadores convocados por las comisiones que deberán producir los dictámenes para la sesión del cuerpo que deberá hacer el debate final, que en principio podría realizarse el miércoles de la próxima semana.
Jaime enfrentó una persistente crítica de los legisladores de la oposición que cuestionaron la acción del gobierno y la suya propia durante los últimos años, que provocaron un deterioro ostensible en la calidad del servicio aerocomercial.
La intervención de los senadores oficialistas apuntó a respaldar el texto sancionado por la Cámara de Diputados en la sesión de la semana anterior y trataron de contener el ímpetu crítico de los opositores, apelando al recurso de la necesidad de mantener un clima de debate razonable, aunque sin aludir a las acciones objetadas por la oposición en la gestión oficial.
El funcionario eludió responder preguntas que indagaban sobre la vigencia el acta-acuerdo que Jaime firmó con el grupos Marsans el 17 de julio, aunque las consideraciones apuntaron a reconocer que nada ha cambiado en esta área desde que Diputados decidió desconocer el pacto suscripto por ambos.
La reunión entró en un ambiente de gran tensión, cuando el titular del radicalismo y senador de Jujuy, Gerardo Morales, calificó de “mentiroso” a Jaime ante respuestas en las que argumentó el gobierno había consultado a todos los organismos fijados por ley para analizar los balances de las empresas que durante años dieron negativos y el Estado en principio se negó aceptar.
Morales lo acusó de “convalidar el vaciamiento de la empresa y aceptar el fraude” de los balances de Marsans, y reivindicó al ex ministro de Economía y su compañero de fórmula en las últimas elecciones, Roberto Lavagna, quien, dijo “impugnó los estados contables” de la firmas, hasta que nuevamente a partir del 2005 fueron aprobados.
La intervención de Morales produjo un revuelo entre los senadores oficialistas, en particular a cargo de los titulares de los dos comisiones, Fabián Ríos y Eric Calcagno, y el clima quedó restablecido luego que presidente del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, reclamó “bajar el tono” de las intervenciones y retornar a “los temas contemplados por el proyecto aprobado por Diputados”.
Jaime dijo que el gobierno no quiere “hacerse cargo de ninguna deuda”, pero tampoco “apropiarnos de algo sin los instrumentos legales que nos corresponde, para no quedar expuestos a nuevas instancias legales”.
También hizo distribuir a los senadores un cuadro del balance de las empresa de Marsans y reconoció que la deuda general llega a 890 millones de dólares, aunque de ella, más de 300 millones corresponde a incumplimientos de pagos con organismos del Estado.
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