Apoyó al mediterráneo Juan Schiaretti, en el conflcito que mantiene con el Ejecutivo kirchnerista por una deuda previsional de 570 millones de pesos. El gobernador se entrevistará esta tarde con Cristina.

En el mismo día en que la presidenta Cristina Fernández de Kichner recibirá al gobernador cordobés Juan Schiaretti para recomponer la relación que se quebró durante el conflicto con el campo, el vicepresidente Julio Cobos visitó esa provincia y aseguró que la Nación le adeuda a esa región central 570 millones de pesos, que ya estaban asignados en el presupuesto 2008 para solventar la Caja de Jubilaciones.

Con estas declaraciones, Cobos parece estar soplando el fuego de un conflicto que el Gobierno nacional y el cordobés estarían intentando solucionar con acercamientos esporádicos, como los de la semana pasada entre el ministro del Interior Florencio Randazzo y Schiaretti; y el de hoy con la Presidenta.

Como si sus dichos no bastaran para demostrar la ruptura definitiva con el kirchnerismo, Cobos también visitó la exposición Agro Activa de Oncativo, una muestra agropecuaria provincial en la que fue ovacionado por su voto de rechazo al proyecto oficial en el Congreso.

En ese marco, intentó que no se malinterpreten sus acciones y aseguró que no está haciendo campaña; aunque por otra lado, reconoció que está buscando “la unidad del radicalismo”, que lo expulsó a él y a todos los que son y fueron aliados K.

fuente: CriticaDigital.com

Así lo expresó el diputado en un videochat con los lectores de lanacion.com; destacó que la oposición tiene por objetivo evitar que el Estado se haga cargo de una deuda; además, reconoció que “Pro es un partido con estructura precaria”

“El oficialismo busca que los argentinos nos hagamos cargo de una deuda de 900 millones de dólares de un privado [...]. Este Gobierno no hizo nada por evitar la quiebra de Aerolíneas Argentinas [...]. Tenemos que rediseñar una política aerocomercial [...]. Pro es un partido con una estructura precaria”, fueron algunas de las declaraciones que formuló hoy el diputado nacional por Pro Federico Pinedo.

Así, sincero y directo se mostró el jefe de la bancada en la Cámara baja del partido político que lidera Mauricio Macri, en un videochat con los lectores de lanacion.com .

En medio de debate legislativo por la aprobación o el rechazo del proyecto que envió el Poder Ejecutivo para reestatizar Aerolíneas Argentinas y Austral, que incluye la aceptación de la deuda por 890 millones dólares que tiene el Grupo Marsans, Pinedo sostuvo que el objetivo de la oposición es garantizar el servicio aerocomercial, sin que el Estado deba hacerse cargo del pasivo de la empresa.

“El Gobierno tuvo responsabilidad por la situación en la que se encuentra Aerolíneas. Ser oficialista no significa ser cómplice”, declaró el legislador, que además manifestó que el Congreso también debería participar del control, pero que el “problema es que la mayoría se opone al control”.

Pinedo se mostró sorprendido por la insistencia del oficialismo en querer hacerse cargo de una deuda que no corresponde y deslizó: “No me gusta lo que veo. En toda esta maniobra puede haber delitos”.

El jefe de la bancada de Pro además destacó que el kirchnerismo “sólo buscó quebrar a Aerolíneas” y aseguró que hay que pensar políticas a largo plazo.

fuente: lanacion.com

Según una encuesta cualitativa en el sector industrial sólo el 5,5% anticipa que contratará personal; el 2,8% reducirá su planta.

Nueve de cada diez empresas no evalúa tomar empleados durante agosto, mientras que el 80 por ciento de las firmas considera que las horas trabajadas no se modificarían, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este esquema se verificó en medio de un clima de estabilidad sobre la demanda, ya que el 85,6 por ciento de las empresas consultadas prevé que no se modificaría.

Los datos corresponden a la Encuesta Cualitativa Industrial incluida en el informe que adelantó el nivel de actividad del sector en julio.

De acuerdo con el trabajo difundido por el organismo, el 91,7 por ciento de las empresas no advertía cambios en la dotación de personal en agosto, mientras que el 2,8 por ciento preveía una baja y sólo el 5,5 por ciento preveía una suba.

En tanto, el 80,7 por ciento de las empresas estimaba que la cantidad de horas trabajadas se mantendría en agosto, el 9,4 por ciento estimaba que crecería y el 9,9 por ciento aguardaba una disminución.

Como consecuencia de este panorama, el 81,8 por ciento de las empresas no espera cambios en el nivel de su stock de productos terminados.

Respecto de las exportaciones, el 79,7 por ciento entiende que seguirán en el mismo nivel de julio, el 14,5 por ciento prevé una suba y el 5,6 por ciento vislumbra una caída.

Con relación a las importaciones, el 72,2 por ciento anticipa un ritmo estable, el 15,3 por ciento confía en una suba y el 12,5 por ciento adelantó una disminución.

fuente:Lanacion.com

Curioso resulta que la presidente Cristina sea árbitro (hoy todavía en El Calafate, a solas, con su marido e hijos, ya que hasta los más cercanos fueron desinvitados) entre lo que impone su Néstor y recomiendan sus ministros.

Es público que Sergio Massa -entre otras iniciativas- avaló por lo menos la desafectación de Guillermo Moreno del INDEC, quizás la misma remoción y hasta el llamado para un nuevo ministro de Economía luego de que se conociera el ridículo 0,4% de inflación que reveló hace más de una semana el instituto…….

Se sumaron otros en la propuesta; se hablaba de airear el ambiente de la Casa Rosada, pero a último momento Néstor movió las piezas: lo hizo defender a Moreno, también el índice, por su incondicional Julio De Vido y, más tarde, él mismo comenzó a enviar señales. No hay que cambiar nada. Menos cuando todo el mundo dice que vamos a cambiar. La misma respuesta para los mismos fracasos, la contumacia que repitió con las tarifas: desde hace un año y medio estaban por aumentar y, como lo anunciaban los diarios, él paralizaba la decisión. Es de imaginar el costo que sufrió el país.

Ese mismo criterio se mantiene en estas horas, aunque es su mujer quien preside. No es la única modificación con el pasado reciente: ya Kirchner acumula más de un fracaso por sus caprichos (tipo la Resolución 125) y algunos de los ministros se apartan de las instrucciones de la pingüinera (hoy reducida a Carlos Zannini en Punta del Este y el devenido empresario Rudy Ulloa) que expresa De Vido. Ayer, la propia Nilda Garré (Defensa) salió a cuestionar la validez del INDEC y se desvistió del kirchnerismo a ultranza. Se supone que algo habrá de ocurrir mañana, cuando regrese el matrimonio. Muchos advierten que Néstor perderá la nítida influencia que hasta ahora ejerció sobre su mujer. Si no es así, más de uno del equipo deberá pensar en renunciar: ya sería humillante mantener el juramento de la verdad luego de haber confesado cuál era la mentira. Una situación difícil, y nueva, para el gobierno.

La ministra de Defensa, Nilda Garré, se sumó ayer a las voces oficialistas que admiten la necesidad de hacer «correcciones» en el INDEC, aunque evitó referirse al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Garré afirmó que «hay que hacer correcciones para devolver la confianza y la credibilidad en un organismo tan importante».

Las declaraciones de la ministra fueron realizadas después del acto oficial en el aniversario de la muerte del general José de San Martín, en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Si bien hizo referencia explícita a los cambios que el gobierno tendría que hacer en el INDEC para «devolverle la confianza», Garré evitó hablar del polémico Moreno, a quien la oposición acusa de manipular la estadística oficial.

De esta manera se refuerza la idea de que la Presidente estaría analizando en El Calafate -lugar que eligió para pasar el fin de semana largo junto a Néstor Kirchner- quitarle a Moreno el manejo del organismo.

Pero, a pesar de las declaraciones de Garré, se mantiene el hermetismo sobre qué hará con la desmejorada credibilidad del Instituto.

Los funcionarios kirchneristas evitaron por todos los medios en la última semana confirmar la versión que señala que será nombrado como titular del INDEC un economista de prestigio que tendrá como principal misión elevar la confianza de los inversores.

Por otra parte, el titular de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, solicitó «descartar categóricamente» que él sea el hombre elegido por Cristina de Kirchner para reemplazar a Moreno.

«Eso sólo lo puede decir la prensa porque siempre he trabajado en temas relacionados al comercio exterior e impuestos. Hay que descartar categóricamente que vaya a ocupar el lugar de Moreno», aseguró Echegaray.

Agregó que: «La confianza del Ejecutivo tenemos que renovarla todos los días porque nos embarcamos en un proyecto político y estamos predispuestos a cumplir otras funciones o a dejar de cumplir funciones si el Ejecutivo así lo indica. Por el momento no veo que se vengan cambios».

El destape sobre los cambios que harían falta para mejorar la imagen del gobierno ante los mercados externos e internos había sido producido por el propio jefe de Gabinete, Sergio Massa. Este había dicho a minutos de asumir su mandato, el pasado 23 de julio: «Debemos construir una fuerte confianza del ciudadano en todos los organismos del Estado, y ello, obviamente, incluye al INDEC». Luego siguieron los diputados Agustín Rossi, Carlos Kunkel y Patricia Vaca Narvaja. Sólo Julio De Vido, defendió la gestión actual.

Por ello, cobró fuerza en las últimas horas la posibilidad de una salida de la actual titular del INDEC, Ana María Edwin, que llegó hace un año a ese puesto recomendada por Moreno.

Según rumores que circularon por la Casa Rosada los últimos días, el desarrollista Héctor Valle y el economista Aldo Ferrer -consultado en varias oportunidades por la Presidente- serían hombres cuyas opiniones se tendrán en cuenta para encarar cambios en el INDEC.
Fuente: Ambito

La ministra de Defensa se sumó a las voces del oficialismo que piden cambios en el organismo. “Ha perdido credibilidad”, reconoció tras participar en un acto en homenaje al general San Martín. En tanto, el gobernador Daniel Scioli dijo que no quiere sumarse “a los que tratan de dar un golpe de efecto con esta situación”.

La ministra de Defensa, Nilda Garré, se sumó hoy a las voces oficiales que piden cambios en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), al asegurar que “hay que hacer correcciones” en el organismo “porque ha perdido credibilidad”.

“No soy técnica en el tema, pero algo que nos devuelva la confianza, la credibilidad, en un organismo tan importante”, puntualizó y aclaró que “eso lo decide la presidenta de la Nación” Cristina Fernández de Kirchner. La ministra de Defensa realizó estas declaraciones al hablar con la prensa luego de un acto en esta capital por el 158 aniversario de la muerte del general José de San Martín.

En tono más conciliador con el Ejecutivo nacional, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, dijo querer “ser muy prudente” y evitar sumarse “a los que tratan de dar un golpe de efecto con esta situación” conflictiva que atraviesa el INDEC. “Confío y creo que el gobierno nacional va a ir cuidando la estabilidad y el crecimiento y avanzando en todo lo que es una agenda que tiene que ver con atraer las inversiones para aumentar la oferta”, señaló el gobernador bonaerense.

En las últimas semanas, aliados al gobierno nacional comenzaron a exigir cambios en el organismo que mide, entre otras cuestiones económicas, la inflación. Según trascendió, para las autoridades nacionales, el conflicto que se produjo en el INDEC puso en primer plano a los desajustes que vive la economía local.

En este marco, el vicepresidente Julio Cobos -quien con motivo de asumir la presidencia tras el viaje de Cristina Kirchner a Paraguay- deslizó algunas críticas y mencionó que la continuidad de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior “es responsabilidad de la Presidenta de los argentinos”.

También otras voces del oficialismo sumaron críticas a la situación que enfrenta el INDEC y a la figura de Moreno. Entre ellas, se destacó la de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, quien mencionó la necesidad de “trabajar fuertemente en recuperar la credibilidad” del organismo.

Otro que no ahorró objeciones fue el titular del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, quien reclamó mayor transparencia en el organismo encargado de realizar el control estadístico.

Asimismo, se destacó el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, quien tras defender la gestión de Moreno en el comienzo de la pasada semana, cambió sus declaraciones para indicar: “No estoy en condiciones de mencionar o de escribir con precisión qué es lo que se va a hacer al respecto” del INDEC.

fuente: Clarin

Según cifras oficiales, el país vecino comercializó carnes por 95 millones más; un funcionario uruguayo y el presidente de la Rural de ese país explicaron a lanacion.com sobre sus políticas

Uruguay, un país con un stock ganadero de 12 millones de cabezas, superó a la Argentina en exportaciones de carne. Esto es, en pleno conflicto agropecuario, entre enero y junio de este año, el país vecino vendió al mundo 213 mil toneladas de de carne, por una cifra de 675 millones de dólares. En ese período los ganaderos argentinos vendieron 175 mil toneladas, por 95 millones de dólares menos que Uruguay.

Según estas cifras oficiales del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de la Argentina, el precio promedio de la carne argentina es de 3300 dólares la tonelada; el de Uruguay, en cambio, es de 3200 dólares.

Entre los productores ganaderos argentinos esta situación no pasa desapercibida. Por estas horas, sin la pelea por las retenciones como una sombra, las negociaciones se centran en los problemas de la ganadería, que consideran un tema urgente.

Según informó LA NACION , las cuatro entidades coinciden en que la ganadería es el sector más urgido. Y dentro de esta actividad, la ganadería de cría. Para el sector de la carne, los problemas arrancaron cuando en marzo de 2005 se cerraron totalmente las exportaciones. Después vinieron los precios máximos en el Mercado de Liniers y los acuerdos de precios en las carnicerías, ambas creaciones del secretario Moreno. Tal vez por eso, los ganaderos protestan a diario mandando sus vacas preñadas a Liniers donde se han registrado pariciones.

¿Por qué los ganaderos en Uruguay aumentan el nivel de productividad y exportan cada año más volúmenes a nuevos mercados mientras la Argentina no encuentra la forma de crecer en esta actividad?

En diálogo con lanacion.com uno de los responsables de llevar adelante el plan ganadero en Uruguay explica que la clave para el crecimiento es “apoyar el desarrollo sectorial con créditos blandos” y “potenciar la exportación” por sobre el mercado interno.

Así lo afirmó el presidente de la Oficina de Programación Política Agropecuaria del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Buxedas López. “Uruguay hizo un esfuerzo consistente en la apertura de mercados que resultó exitosa, muy importante. Ahora se empiezan a ver los frutos”, dijo.

Una política exportadora. Detalló que lo fundamental fue asumir una política ganadera “francamente” exportadora. “La Argentina se ha volcado al mercado interno. Nosotros exportamos más de dos tercios de la producción”, contrastó espontáneamente el funcionario, sin que se le mencionara el caso argentino. Y siguió comparando: “En Uruguay no se imponen cupos ni detracciones a la exportación”.

Por el contrario, dijo, se incentiva la mejora en la productividad para ganar nuevos mercados. “Hay financiamiento del sector privado específico para mejorar el último eslabón de la cadena cárnica y así sumar productividad; también hay ventajas impositivas para los que invierten en genética”, precisó el funcionario.

Dialogar con el presidente de la Asociación Rural de Uruguay es reconfirmar estos dichos. Guzmán Tellechea Otero, presidente de la entidad, también se refirió a la Argentina. “Al caso argentino lo vemos, por un lado, como algo que nos favoreció porque nos dejó nichos de mercado, espacios libres en los que si los hubiéramos tenido como competencia era muy difícil entrar; por otro lado, desde el punto de vista de la producción lo vemos mal porque no se aplican buenas políticas sino todo lo contrario; acá todos los candidatos a presidentes siempre coinciden en que no se puede matar al sector con malas políticas tributarias”.

Aprender la lección. Entonces se explayó en los pasos dados en su país. Explicó que en Uruguay, desde fines de los años ´70 empezó la liberación de la economía y por entonces Uruguay optó por políticas de Estado en la cadena cárnica y en la producción de carnes. “Empezamos a reconocer un país ganadero y con una economía agropecuaria muy importante. Desde entonces, más allá de los gobiernos, se siguió la línea de apoyo al sector”, explicó a lanacion.com.

Según repasó la máxima autoridad de la Rural en el país vecino, se pasó por períodos de grandes regulaciones, de vedas, de aduanas internas y hasta de fijación de precios. “Todo eso estuvo, pero los resultados fueron tan negativos que se aprendió la lección y se entendió que para un desarrollo progresivo era necesario no volver a eso nunca más”, enfatizó.

Y repasó los saldos: estancamiento en el sector cárnico y un retroceso de la producción. Como aprendizaje, dijo, se estableció que “era necesario crear un escenario de reglas claras en un mercado libre donde la confianza y la seguridad fueran fundamentales para que los productores se animaran a producir y la industria se expandiera”.

Desde entonces, con el libre juego de la oferta y la demanda, la actividad se repuso y no para de batir récords. En 2006 se exportó carne por 1100 millones de dólares, una cifra inédita en Uruguay. También fue record la producción y la faena. En los años siguientes se mantuvo la cantidad de cabezas -aproximadamente 12 millones- pero se incrementó la productividad, lo que significó mejoras en los niveles de exportación.

“Todo sin descuidar el consumo interno, que también crece”, apuntó el dirigente de la Sociedad Rural. Uruguay consume 55 kilos por habitante por año. “Hay tres cortes accesibles para los sectores de menores recursos y el resto tiene valor internacional”, explicó. Los cortes populares son los delanteros; los demás, cuestan en promedio entre 7 y 9 dólares; el lomo, que está entre los más costosos, se vende a 15 dólares el kilo (300 pesos uruguayos o unos 50 pesos argentinos).

El presidente de la Rural coincidió con uno de los funcionarios clave en el área ganadera. “Uruguay aprendió la lección. Hay que estimular la industria exportadora apoyando la producción y la reinversión”, concluyó. Con esta receta, este año Uruguay terminará con exportación récord: se estima vender carne por más de 1500 millones de dólares.

fuente: lanacion.com

“Esto pone en Riesgo mi Vida”. Sebastián Forza, primero a la derecha, habló con un periodista
sobre las mafias de los remedios.

El periodista Cristian Sanz decidió divulgar anoche en la página “Tribuna de periodistas” detalles de la conversación que tuvo con la víctima Sebastián Forza.

“A fines de mayo de 2008, me llamó una fuente de información oficial a efectos de presentarme a un supuesto “arrepentido” en el tema farmacéutico. Sabía que unos meses antes, en Tribuna de periodistas habíamos publicado una vasta investigación acerca de la mafia que envuelve a algunos de los laboratorios medicinales conocidos.

“Arreglamos en encontrarnos al día siguiente en una confitería ubicada en la intersección de las calles Viamonte y Paraná de esta Capital Federal. Allí, la fuente -que llegó con su respectivo chofer- me presentó a la persona que me relataría los pormenores de una supuesta “mafia farmacéutica”. Se llamaba Sebastián Forza y venía acompañado a su vez de uno de sus ex empleados, llamado Claudio García.

“Nos sentamos los cinco en el lugar central de la confitería y nos dispusimos a almorzar. Forza me había impresionado fuertemente, no sólo por su elegante vestimenta -imposible de costear para un periodista como yo- sino por la seguridad que demostraba en cada una de sus afirmaciones .

“Sebastián comenzó a describir una diabólica trama de corrupción que involucraba a laboratorios medicinales, organismos públicos e instituciones privadas. Algunas de sus afirmaciones:

“Hay un fraude descomunal con medicamentos para hemofílicos, especialmente uno llamado (…), es un factor siete (proteína de coagulación). Son medicamentos carísimos que encima son sobrefacturados por los mismos laboratorios (…) Hay que investigar a un tal (…), gerente (de un laboratorio)

“Otra de las jodas era la de truchar recetas y prescribir de más medicamentos caros, como los oncológicos, contra el SIDA y los propios factores hemofílicos, a ciertos pacientes. Es decir, si una persona necesitaba tres dosis de un remedio, se le prescribían 20. Los 17 restantes eran revendidos en el mercado. (…) En esto estaban prendidos los mismos laboratorios, ciertos funcionarios del Estado y nosotros, los intermediarios”.

“Grandes negociados se han hecho en la delegación 6º del PAMI, en Mitre y Junín”.

“Te mentiría si te dijera que no estoy involucrado en esto, pero yo me quiero abrir. El problema es que conocer todo esto pone en riesgo mi vida. Acá no sólo estamos hablando de negociados y sobreprecios, también de adulteración de drogas y manejo de químicos”.

“Un fraude interesante se ha dado entre el Ministerio de Salud y laboratorios(…) en la provisión de remedios contra el SIDA. Muchos de esos remedios eran revendidos, a sabiendas de los funcionarios”.

“Laboratorios (…) solía rellenar un remedio para el cáncer de mama llamado (…). Con lo que le ponían, lo dejaban totalmente inocuo”.

“¿Quiénes me amenazan? buscá la solicitada en la que aparecemos todos los aportantes de la campaña de Cristina Kirchner y allí encontrarás los nombres”.

“Si querés entender cómo es posible todo esto, investigá a algunos funcionarios del ANMAT y empresarios de una empresa fantasma llamada (….)”.

N de la R: Se reservan nombres de personas y empresas (laboratorios importantes del país), imputadas directamente en la transcripción, hasta tanto sean investigadas por la Justicia.

fuente: rionegro.com.ar

Alfonsín cuestionó a Moreno y aseguró que el gobierno nacional “no se abre al diálogo”

El ex presidente Raúl Alfonsín cuestionó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y aseguró que el gobierno nacional “no se abre al diálogo”.

En ese sentido, calificó como “disparate” al conjunto de medidas tomadas por Moreno sobre la exportación, entre las que está la prohibición de vender quesos en el extranjero. K-8249

fuente: DYN

Cobos corrió una maratón y prepara una cargada agenda

Pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”.

Por Claudio Lozano, Diputado nacional

El debate sobre cómo asignar los recursos públicos recorre los pasillos del Congreso. En un caso, el de Aerolíneas Argentinas, la propuesta promueve el traslado al Estado de la deuda acumulada por el grupo Marsans en la gestión de la empresa. En el otro, la actualización de los haberes jubilatorios (la llamada movilidad previsional) incorpora restricciones múltiples a efectos de evitar que los aumentos en los haberes sean excesivos. Es más, se privilegia la ampliación creciente del denominado Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional (que a finales de este año alcanzará cerca de $ 21 mil millones). Podríamos arrojar un primer juicio diciendo que, pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”. Por un lado, no hay inconvenientes en invertir dinero público convalidando gestiones empresarias cuasidelictivas (ej.: Marsans). Por otro, el Gobierno adopta el rostro de la austeridad y la seriedad institucional a la hora de hablar y decidir acerca de cómo y cuánto recomponer los haberes jubilatorios. Las cosas son así:

AEROLÍNEAS. Bajo el título de “Reestatizar Aerolíneas Argentinas”, el oficialismo ha enviado un proyecto que lo único que hasta el momento deja en claro es que se estatizará la deuda que hoy tiene la empresa. En este sentido, el proyecto, si no se modifica, resulta diáfano en sus objetivos. En ningún momento incorpora la palabra “reestatización”, su artículo 1º habla de rescate y compra de acciones (con lo cual se compra la deuda), y, como si esto fuese poco, en el artículo 6º anuncia la posterior privatización. Para colmo de males, las malas lenguas comentan que el Gobierno ha designado al frente del directorio como uno de sus representantes al Dr. Juan de Dios Cincunegui, quien, se dice, tiene aceitados vínculos con el Grupo Eurnekian. Por cierto, quien conduce el proceso (Ricardo Jaime) no goza casualmente de mucha confianza en lo relativo a la tarea de fortalecer y desarrollar el transporte público. En relación concreta con el caso Aerolíneas, fue quien comandó la decisión gubernamental adoptada en 2006 de desistir de las impugnaciones judiciales que el Estado argentino había sostenido hasta 2005 y en nombre de las cuales no había firmado los balances de la empresa. Jaime resuelve a partir de 2006 firmar y convalidar todo así como volver a incorporar a un director del Estado en la conducción empresaria. Es bueno tener en cuenta esta decisión, ya que se toma el mismo año en que el Tesoro español decide iniciarle juicio al Grupo Marsans denunciando que los u$s 758 millones que España le había otorgado para capitalizar Aerolíneas no habían tenido ese destino y el grupo empresario se había quedado con u$s 450 millones. Es curioso que justo cuando desde la propia España se identifican irregularidades que denunciaban el evidente vaciamiento de la empresa, en lugar de profundizar las acciones judiciales e iniciar una estrategia de recuperación del servicio de aeronavegación, la decisión haya sido declinar las impugnaciones judiciales, ingresar al directorio y terminar dos años más tarde, de apuro, asumiendo la empresa con una deuda de casi u$s 1.000 millones. Resolver el caso Aerolíneas exige modificaciones sustantivas del proyecto oficial para garantizar tres premisas. Una es la garantía de control estatal futuro del servicio de aeronavegación y de nuestra aerolínea de bandera. La segunda es no dilapidar recursos públicos, lo cual requiere iniciar acciones judiciales sobre Marsans en referencia a su responsabilidad en el vaciamiento empresario y avanzar en una demanda que reclame a Marsans e incluso al propio Estado español la efectiva concreción del aporte comprometido y no completado de los u$s 758 millones. Por último, garantizar la continuidad y la estabilidad laboral de los 9.300 trabajadores de Aerolíneas y Austral.

MOVILIDAD DE LOS HABERES PREVISIONALES. La propuesta oficial no podría haber sido más restrictiva. Por un lado, si no existen modificaciones, la denominada Prestación Básica Universal es llevada a $326 y no se toma en cuenta para la aplicación de la movilidad. Esto supone, que para el 76% de los jubilados que ganan el mínimo ($690), la movilidad se aplica sólo sobre la mitad y no sobre el total. Además, el proyecto en ningún caso se plantea comenzar un proceso de recomposición de los haberes para llevarlos a los niveles que resultarían de aplicarles la movilidad que perdieron durante los últimos años. No se trata de pagar lo adeudado, sino de mejorar el punto de partida para no convalidar como base, en la gran mayoría de los casos, el haber mínimo. Resulta incomprensible que no se haya pensado que los $21 mil millones que el Fondo acumula podrían permitir una recomposición de los haberes, quizás en etapas, pero recomposición al fin. Por último, en la fórmula de movilidad que promueve el proyecto oficial no sólo no se computa toda la recaudación (sólo incluye el 90% de los recursos impositivos y no incorporan los aportes de los trabajadores ni las contribuciones patronales), sino que además se la divide por el total de los beneficios (jubilaciones y pensiones) que paga el sistema. Se incorporan así, sin recursos adicionales, todos aquellos que lleguen vía distintas moratorias (por ejemplo la última: 1.300.000 jubilados más). Para ser preciso, aplicando el proyecto oficial, los que ganan el haber mínimo hubieran tenido un aumento en 2008 de apenas un 6%. Presentado bajo el lema de la seriedad presupuestaria, este proyecto sólo busca consolidar al ANSES como una caja superavitaria (en base a la represión en el aumento de los haberes) con la que puedan asistirse las necesidades de la Tesorería.

Así las cosas, mientras se niega la posibilidad de una recomposición de las jubilaciones, el Fondo creado para “sustentar el sistema” sí puede realizarle un préstamo a AySA por $800 millones o garantizar financiamiento para letras de tesorería para 2008 por $7.952,6 millones (pago de deuda pública). Es más, si nos descuidamos, puede haber recursos previsionales que sean destinados a pagar la deuda con el grupo Marsans.

Aerolíneas debe ser del Estado, su deuda no. La recomposición de los haberes jubilatorios es una deuda de nuestra sociedad con nuestros mayores, esa deuda la debe asumir el Estado.