Es conocido el escándalo (otro mas) que protagonizó la familia Kirchner cuando compró 147 hectarias al módico precio de 7,5$ el metro cuadrado. El propio Nestor vendió 2 de esas hectáreas al Grupo Chileno Cencosud. Según el diario El Mercurio , de Chile, Cencosud pagó por el predio 2.400.000 dólares, cuando Nestor había pagado 50 mil dólares. Sin dudas un negocio redondo.

Con la ingenua esperenza de que la justicia funcione, el negocio fue denunciado. Claro que las esperanzas no duraron mucho. La causa justo vino a parar al juzgado donde la fiscal encargada de llevar y sostener la querella es Natalia Mercado. Quien es Natalia Mercado? Es la sobrina de Nestor Kirchenr, hija de Alicia Kirchner. Curiosamente, Natalia también está implicada en el expediente: en 2006 le compró a la Municipalidad 10.232 metros cuadrados al precio irrisorio de 7,5 pesos el metro cuadrado mediante un mecanismo que no guardó las formas previstas por la ley.

La Cámara de Apelaciones provincial ya confirmó que la fiscal Natalia Mercado no tiene motivos para apartarse de la causa. Si el denunciante quiere volver a apelar, la siguiente instancia de apelación, el Superior Tribunal de Justicia, está presidida por Clara Salazar, también envuelta en la novela inmobiliaria, ya que es otra de las compradoras de los terrenos.

Qué suerte tiene la monarquía K! Las causas en la que ellos son el denunciante avanzan a la velocidad de la luz y las causas en las que ellos son denunciados avanzan a paso de tortuga, o mejor dicho, ni avanzan.

“Lipotimia”, fue el sucinto parte con el que la Unidad Médica Presidencial, a cargo del Dr. Luis Bonomo, justificó las últimas ausencias y cancelaciones de la Presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, detrás de ese diagnóstico se esconde otro mucho más preocupante que, lejos de ser exclusivamente físico, tiene su raíz en lo emocional.

Así lo revela el nuevo número de la revista Noticias, que chequeó con varias fuentes confiables aquello que el médico Bonomo quiere callar: que los últimos bajones de presión de la mandataria no se debieron simplemente al calor, sino al agravamiento de un cuadro depresivo que desde hace meses tiene el rango de “secreto de Estado”.

Entre los testimonios recogidos por la nota, resalta claramente el de uno de los médicos de Cristina, que la atiende desde hace años y aceptó hablar con la condición de que no se revelara su nombre, indignado con la ligereza que atribuye a su colega Buonomo por explicar del modo en que lo hizo una convalecencia que, como aseguraron todos los especialistas consultados por Noticias, ninguna lipotimia puede causar.

“¿Una semana en cama por una lipotimia? No fue eso, la verdad es que Cristina no está bien emocionalmente“, explica contundentemente en la nota el facultativo, quien amplía diciendo: ”Buonomo es cirujano, su fuerte no es la medicina preventiva y entonces pasan estas cosas. El médico de cabecera de un presidente debería ser alguien más sistémico. Buonomo vive en Río Gallegos y sólo la acompaña a Cristina en los viajes al exterior”.

Poco después, el médico dirá: ”Esto es un secreto de Estado desde hace meses. Cristina no está  bien, viene teniendo un cuadro depresivo. Con el año de gobierno que tuvo, en realidad la entiendo perfectamente”.

Justamente para entender como corresponde los motivos por los que la Presidenta padece este problema, Noticias hace un racconto no sólo de lo ocurrido en torno a su salud en las últimas semanas, sino de todos los trastornos y vicisitudes que en algún momento pudieron afectar su psiquis y, en consecuencia, su rendimiento intelectual y físico.

Así, desfilan por la nota episodios como el de los cacerolazos frente a la Quinta de Olivos: ”Ahi hubo que medicarla. Ella estaba muy alterada“, confiesa el médico que se atrevió a hablar con la revista, quien asegura que Cristina también tuvo “una crisis” después del voto no positivo de Cobos en el Senado.

Lo cierto es que, como dice el mismo facultativo, “nadie tiene que estar seis días en la cama por una baja de presión”, que al igual que los mareos que habría tenido la Presidenta sólo pueden ser un indicio de “un cuadro más severo”. Uno que el Gobierno parece empeñado en silenciar, aún cuando cada vez son más los viajes que Cristina se ve obligada a suspender.

FUENTE: PERFIL.COM

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó hoy al Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido la suspensión de los aumentos de tarifas que esta medianoche comenzarán a regir en colectivos, subtes, trenes y premetro, así como que se convoque a Audiencia Pública a fin de tratar la problemática de esos servicios de transporte.

Concretamente, el Ombudsman pidió que antes de tomarse cualquier medida sobre el tema se analice la estructura de costos, el modelo de calidad, las obligaciones exigidas a los empresarios en el marco de la nueva tarifa, el nuevo modelo de subsidios y el informe de Auditoría relativo al régimen de suministro de gasoil a precio diferencial, con el objeto de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La resolución emitido por la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene por fin “garantizar a los usuarios y consumidores una información adecuada y veraz, y que tengan una real participación en cuestiones que afectarán directamente sus derechos económicos”.

En el texto de la medida, el organismo explica además que “de la información enviada a la Institución por parte de la Secretaría de Transporte, queda claro que el Estado desconoce cuál es el precio final que por transportar pasajeros recibe la empresa”.

“A ello -sigue diciendo la nota elevada por Mondino- se suma que sin perjuicio del pésimo servicio que reciben los usuarios de servicio de transporte de pasajeros, sea automotor, ferroviario, subterráneo o premetro, los mismos ahora deberán afrontar un incremento promedio en las tarifas del 20 %.

El Defensor del Pueblo aseguró por último que “el Gobierno Nacional, al no poner en marcha el proceso de renegociación de contratos, demuestra que no existe voluntad ni capacidad técnica para transparentar costos, aclarar cuál es el precio que el concesionario recibe por boleto, determinar cuáles son las obligaciones del servicio y pautar la calidad del servicio y otorgar seguridad jurídica a los usuarios”.

visto en Peril.com

Esta historia, difícil de creer pero verdadera, sucedió en la provincia del matrimonio Kirchner. Un jubilado donó los ahorros de toda su vida para que se construyera una escuela. Habló con las autoridades, se interesó por el terreno, miró los planos. Y puso 300 mil dólares de su bolsillo.

Pero las cosas no salieron bien en Puerto Deseado, el pueblo de Santa Cruz que había elegido para el proyecto. Los problemas empezaron cuando el intendente echó mano al dinero para gastarlo en otros fines, con la excusa de “urgencias” en el presupuesto. Después las obras se demoraron un año para comenzar, lo que provocó que tardaran un total de cuatro años para estar listas. Y como si esto fuera poco, el resultado fue una escuela muy distinta a la que se había pedido: sobre todo porque nunca construyeron un edificio nuevo, sino que apenas acondicionaron un viejo inmueble de la Municipalidad.

El responsable del desvío de fondos fue Arturo Rodríguez, un hombre del corazón del kirchnerismo. Tiene una relación de gran confianza con Néstor Kirchner, que como gobernador también aceptó el dinero para la escuela. A pesar del escándalo, Rodríguez fue premiado en las últimas elecciones con una banca de diputado nacional.

Perfil reveló algunos de estos hechos increíbles en el año 2006, cuando el hombre que había cedido sus ahorros tenía la esperanza de recuperarlos por la vía judicial. Ahora esta historia se volvió más insólita, porque la Justicia santacruceña sentenció que no tiene derecho a que le devuelvan su dinero. El máximo tribunal de Santa Cruz firmó hace poco una curiosa resolución, donde propone dejar de lado las “ valoraciones éticas o morales” y se pronuncia a favor de los funcionarios kirchneristas.

FUENTE: PERFIL.COM

Se destacan las designaciones de Guillermo Farah y Jorge Ballestero. Los jueces nombrados por Cristina en 2008 llegaron a tribunales con causas que involucran a ex funcionarios del Gobierno de su esposo y de resonancia pública. Todos los jueces y los expedientes claves para el Gobierno.

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nombró en 2008 a 94 jueces, muchos de los cuales llegaron a tribunales con causas que involucran a ex funcionarios del Gobierno de su esposo y de resonancia pública.

Entre las designaciones más importantes se destacan los de Guillermo Farah y Jorge Ballestero, quienes fueron nombrados en la estratégica Cámara Federal de la Capital Federal, y el de Daniel Petrone a cargo de la investigación por el intento de ingreso al país de 800 mil dólares por parte del venezolano Guido Antonini Wilson.

Farah, desde la Sala II de la Cámara, y Ballesteros, en la Sala I, tendrán a su cargo expedientes donde investigarán a ex funcionarios de los últimos gobiernos y casos de narcotráfico.

Petrone llegó al juzgado en lo Penal Económico 2 donde estaba radicada la causa de la valija de Antonini y en la que ya dictó la falta de mérito del ex funcionario kirchnerista a cargo del Órgano de Controles Viales (OCCOVI) Claudio Uberti y pidió la captura del venezolano.

El magistrado, nombrado por la Presidenta el 1 de abril, también investigó la denuncia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra la empresa Shell por supuesto desabastecimiento para que confirme las multas aplicadas y en la que el funcionario también solicitó que el presidente de la compañía, Juan José Aranguren, vaya preso, todo lo que fue rechazado por Petrone.

Junto a Petrone, Fernández de Kirchner nombró a la mitad de los ocho jueces de primera instancia del fuero que investiga los delitos económicos. Los otros designados fueron Rafael Caputo, Ezequiel de Astrada y Alejandro Catania.

En materia de derechos humanos, la primera mandataria designó a Hugo Sastre al frente del juzgado federal de Rawson, en Chubut, donde se tramitan las causas por la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 cuando fueron fusilados 16 guerrilleros en la base Almirante Zar.

El juez también investiga una denuncia de 2006 por espionaje en la misma base naval donde marinos realizaban tareas de inteligencia contra funcionarios del Gobierno Nacional, como la ministra de Defensa, Nilda Garré.

Los nombramientos también se dieron en la provincia natal de Néstor Kirchner, Santa Cruz, donde la Presidenta designó a los tres jueces del tribunal oral federal que todavía no está habilitado, Jorge Chávez, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero.

En materia de seguridad y menores el Gobierno también hizo importantes nombramientos. En la Cámara del Crimen porteña, donde se analizan las decisiones judiciales sobre robos, homicidios y violaciones, la primera mandataria designó a cinco jueces: Alberto Seijas, Jorge Rimondi, Mirta López González, Julio Lucini (uno de los jueces que investigó la tragedia de Cromañón) y Mauro Divito.

Respecto a los menores, fueron designados cuatro magistrados en tribunales orales de la Capital Federal que se encargan de juzgar los delitos cometidos por jóvenes de menos de 18 años.

La Presidenta también designó a Máximo Astorga en el juzgado comercial 15, a cargo de la causa por el concurso de Aerolíneas Argentinas, y a dos de los jueces que realizan el juicio por la tragedia de Cromañón, Marcelo Alvero y María Cecilia Maiza.

La mayoría de las designaciones del 2008 fueron para los juzgados de primera instancia en lo civil, se nombraron 20 jueces, y en los juzgados del trabajo, 17 nuevos magistrados. También hubo nombramientos en juzgados, cámaras, y tribunales orales federales del interior del país, en juzgados correccionales y de ejecución penal, y en la cámara civil y comercial federal.

Según un informe del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de los 94 jueces se produjeron entre el 1 de enero y el 11 de diciembre luego que la Presidenta firmara los decretos de designación, tras un proceso de selección que incluyó la participación de los tres poderes del Estado.

El Consejo realizó el proceso de selección de los candidatos, a través de exámenes y análisis de antecedentes, y propuso una terna al Gobierno que puso los postulantes a consideración de la ciudadanía para que opinen. Luego, la primera mandataria eligió a uno de los tres y propuso su nombre al Senado que dio el acuerdo definitivo al candidato.

Fuente: DyN