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El Estado les debe a los jubilados, no a Marsans

Pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”.

Por Claudio Lozano, Diputado nacional

El debate sobre cómo asignar los recursos públicos recorre los pasillos del Congreso. En un caso, el de Aerolíneas Argentinas, la propuesta promueve el traslado al Estado de la deuda acumulada por el grupo Marsans en la gestión de la empresa. En el otro, la actualización de los haberes jubilatorios (la llamada movilidad previsional) incorpora restricciones múltiples a efectos de evitar que los aumentos en los haberes sean excesivos. Es más, se privilegia la ampliación creciente del denominado Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional (que a finales de este año alcanzará cerca de $ 21 mil millones). Podríamos arrojar un primer juicio diciendo que, pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”. Por un lado, no hay inconvenientes en invertir dinero público convalidando gestiones empresarias cuasidelictivas (ej.: Marsans). Por otro, el Gobierno adopta el rostro de la austeridad y la seriedad institucional a la hora de hablar y decidir acerca de cómo y cuánto recomponer los haberes jubilatorios. Las cosas son así:

AEROLÍNEAS. Bajo el título de “Reestatizar Aerolíneas Argentinas”, el oficialismo ha enviado un proyecto que lo único que hasta el momento deja en claro es que se estatizará la deuda que hoy tiene la empresa. En este sentido, el proyecto, si no se modifica, resulta diáfano en sus objetivos. En ningún momento incorpora la palabra “reestatización”, su artículo 1º habla de rescate y compra de acciones (con lo cual se compra la deuda), y, como si esto fuese poco, en el artículo 6º anuncia la posterior privatización. Para colmo de males, las malas lenguas comentan que el Gobierno ha designado al frente del directorio como uno de sus representantes al Dr. Juan de Dios Cincunegui, quien, se dice, tiene aceitados vínculos con el Grupo Eurnekian. Por cierto, quien conduce el proceso (Ricardo Jaime) no goza casualmente de mucha confianza en lo relativo a la tarea de fortalecer y desarrollar el transporte público. En relación concreta con el caso Aerolíneas, fue quien comandó la decisión gubernamental adoptada en 2006 de desistir de las impugnaciones judiciales que el Estado argentino había sostenido hasta 2005 y en nombre de las cuales no había firmado los balances de la empresa. Jaime resuelve a partir de 2006 firmar y convalidar todo así como volver a incorporar a un director del Estado en la conducción empresaria. Es bueno tener en cuenta esta decisión, ya que se toma el mismo año en que el Tesoro español decide iniciarle juicio al Grupo Marsans denunciando que los u$s 758 millones que España le había otorgado para capitalizar Aerolíneas no habían tenido ese destino y el grupo empresario se había quedado con u$s 450 millones. Es curioso que justo cuando desde la propia España se identifican irregularidades que denunciaban el evidente vaciamiento de la empresa, en lugar de profundizar las acciones judiciales e iniciar una estrategia de recuperación del servicio de aeronavegación, la decisión haya sido declinar las impugnaciones judiciales, ingresar al directorio y terminar dos años más tarde, de apuro, asumiendo la empresa con una deuda de casi u$s 1.000 millones. Resolver el caso Aerolíneas exige modificaciones sustantivas del proyecto oficial para garantizar tres premisas. Una es la garantía de control estatal futuro del servicio de aeronavegación y de nuestra aerolínea de bandera. La segunda es no dilapidar recursos públicos, lo cual requiere iniciar acciones judiciales sobre Marsans en referencia a su responsabilidad en el vaciamiento empresario y avanzar en una demanda que reclame a Marsans e incluso al propio Estado español la efectiva concreción del aporte comprometido y no completado de los u$s 758 millones. Por último, garantizar la continuidad y la estabilidad laboral de los 9.300 trabajadores de Aerolíneas y Austral.

MOVILIDAD DE LOS HABERES PREVISIONALES. La propuesta oficial no podría haber sido más restrictiva. Por un lado, si no existen modificaciones, la denominada Prestación Básica Universal es llevada a $326 y no se toma en cuenta para la aplicación de la movilidad. Esto supone, que para el 76% de los jubilados que ganan el mínimo ($690), la movilidad se aplica sólo sobre la mitad y no sobre el total. Además, el proyecto en ningún caso se plantea comenzar un proceso de recomposición de los haberes para llevarlos a los niveles que resultarían de aplicarles la movilidad que perdieron durante los últimos años. No se trata de pagar lo adeudado, sino de mejorar el punto de partida para no convalidar como base, en la gran mayoría de los casos, el haber mínimo. Resulta incomprensible que no se haya pensado que los $21 mil millones que el Fondo acumula podrían permitir una recomposición de los haberes, quizás en etapas, pero recomposición al fin. Por último, en la fórmula de movilidad que promueve el proyecto oficial no sólo no se computa toda la recaudación (sólo incluye el 90% de los recursos impositivos y no incorporan los aportes de los trabajadores ni las contribuciones patronales), sino que además se la divide por el total de los beneficios (jubilaciones y pensiones) que paga el sistema. Se incorporan así, sin recursos adicionales, todos aquellos que lleguen vía distintas moratorias (por ejemplo la última: 1.300.000 jubilados más). Para ser preciso, aplicando el proyecto oficial, los que ganan el haber mínimo hubieran tenido un aumento en 2008 de apenas un 6%. Presentado bajo el lema de la seriedad presupuestaria, este proyecto sólo busca consolidar al ANSES como una caja superavitaria (en base a la represión en el aumento de los haberes) con la que puedan asistirse las necesidades de la Tesorería.

Así las cosas, mientras se niega la posibilidad de una recomposición de las jubilaciones, el Fondo creado para “sustentar el sistema” sí puede realizarle un préstamo a AySA por $800 millones o garantizar financiamiento para letras de tesorería para 2008 por $7.952,6 millones (pago de deuda pública). Es más, si nos descuidamos, puede haber recursos previsionales que sean destinados a pagar la deuda con el grupo Marsans.

Aerolíneas debe ser del Estado, su deuda no. La recomposición de los haberes jubilatorios es una deuda de nuestra sociedad con nuestros mayores, esa deuda la debe asumir el Estado.

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