Denuncian que el Gobierno transfirió al grupo español Marsans más de 200 millones de pesos entre julio y agosto. Así lo expresó el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Oscar Aguad, que, en un comunicado expresó que el Gobierno “ha transferido indebidamente” más de 200 millones de pesos a la empresa española Marsans, que era la operadora de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.

En el comunicado, Aguad proporcionó el detalle de las transferencias por poco más de 200 millones de pesos al grupo Marsans distribuidos en seis pagos entre el 11 de julio y el 1 de agosto.

El diputado indicó que la empresa Marsans “ha sido beneficiada por medio de resignaciones presupuestarias en detrimento del PAF (Programa de Asistencia Financiera a las Provincias)”.

Aguad manifestó que la “disposición discrecional de los recursos presupuestarios ha sido realizada cuando, aún, está pendiente en el Congreso de la Nación el tratamiento un proyecto de ley que debe determinar si se autorizan o no, dichas transferencias”.

“La gravedad de este uso indebido de los recursos presupuestarios amparado en los superpoderes, asume en este caso un cariz de gravedad institucional debido a que no sólo se asiste económicamente y sin control a una empresa extranjera privada sino que, además, se ridiculiza al Congreso Nacional dando por consumado un hecho que no ha sido legalmente autorizado”, sostuvo.

En ese marco, Aguad insistió en que “los hechos mencionados, además de las investigaciones correspondientes y de la necesidad de una urgente intervención de la Auditoría General de la Nación, exterioriza la necesidad de derogar, cuanto antes, la ley que otorga superpoderes al PEN”.

Sin aviones para Aerolíneas. El grupo español Marsans sigue adelante con su pedido de 61 aviones Airbus, a pesar de la venta de su filial Aerolíneas Argentinas, que iba a absorber aproximadamente el 40 por ciento de las nuevas aeronaves, dijo el viernes un portavoz de la firma española de turismo.

El acuerdo alcanzado en octubre, que incluía la adquisición de cuatro superjumbos A380, fue el origen del proyecto de Marsans para desafiar la posición de dominio de la aerolínea de bandera española Iberia IBLA.MC en las rutas latinoamericanas, junto con la creación de un nuevo centro de operaciones en Barcelona.

Inicialmente, planeaba utilizar los aviones en Air Comet, Aerolíneas Argentinas y Spanair, aunque desde que suscribió el acuerdo con Airbus EAD.PA EAD.DE en octubre se retiró de la puja por Spanair, controlada por la sueca SAS SAS.ST, y acordó la venta de Aerolíneas al Estado argentino.

“El pedido sigue siendo firme, no ha habido ninguna variación en absoluto”, dijo el director de Comunicaciones de Marsans, Angel del Río. “Lo que ha variado es la utilización, según el rumbo que tomen las cosas en Air Comet”, agregó.

El portavoz dijo que el grupo mantenía abiertas todas las opciones, desde relanzar sus planes al sur del Atlántico hasta revender los aviones a otras aerolínas ahorrándoles la larga lista de espera de Airbus.

Aerolíneas Argentinas, la mayor línea aérea del país, sería una de las empresas que podría comprar los aviones si Marsans los pone a la venta, dijo el portavoz.

La venta del 95 por ciento de Marsans en la aerolínea argentina ha sido objeto de grandes tensiones desde que se anunciase un principio de acuerdo a mediados de julio, debido a las discusiones entre ambas partes por el precio de la aerolínea, cuya deuda ronda los 900 millones de dólares.

El secretario de Transportes argentino, Ricardo Jaime, dijo el miércoles que el Gobierno no debería pagar nada a Marsans por la aerolínea, que se ha visto azotada por huelgas de los trabajadores y quejas de un servicio deficiente.

El portavoz de Marsans dijo que los asesores independientes decidirían sobre el valor de la compañía, aunque Argentina también tendrá que estar de acuerdo en el precio.

fuente

La senadora Hilda Duhalde consideró que la hipótesis es un “chiste”; aseguró que las variaciones que muestra el oficialismo en este tema “son muy confusas”

Cuestionan la posible expropiación de Aerolíneas

• 
  
• ImprimirEnviar por e-mailCambiar tamañoPublicarVotar (7)
  Ya votaste (7)

  Compartir

Link permanente
Menéame
Google bookmark
YahooMyWeb
Newsvine
BlinkList
Digg
Reddit
Del.icio.us
Mister-Wong

La senadora justicialista Hilda “Chiche” González de Duhalde consideró hoy un “chiste” la hipótesis de “expropiación” de Aerolíneas que estaría manejando el Gobierno Nacional en el caso de que fracasaran las negociaciones con Marsans respecto del precio de venta de la compañía.

“Las variaciones que estamos viendo sobre las decisiones que van a tomar son muy confusas. Aún no comprendo por qué tenemos que pagar una fortuna, que se saca de programas sociales como los de viviendas”, indicó la senadora.

Tras la aprobación en Diputados de la reestatización de Aerolíneas, el proyecto será debatido en el recinto del Senado en la segunda semana de septiembre.

El oficialismo descuenta que obtendrá el respaldo de al menos 41 legisladores, una cifra que supera con comodidad los 37 necesarios para tener mayoría propia.

En declaraciones a radio Rivadavia, y cuando se le señaló que todo indicaría que la Casa Rosada obtendría también en la Cámara alta la aprobación de la iniciativa, Hilda Duhalde se quejó de que “estas cosas sucedan con tanta rapidez” y de que no hubiera “tiempo suficiente” para analizar en profundidad qué hacer frente a la crítica situación de ambas compañías.

La senadora reaccionó airadamente al indicársele que, según informó LA NACION, el Gobierno no descarta la expropiación de Aerolíneas, si es que no se llegara a un acuerdo en el precio con el grupo español Marsans.

“Esto es como un chiste”, descalificó y advirtió sobre lo “confusas” que son las alternativas que está manejando el Gobierno.

La senadora aprovechó para cuestionar implícitamente al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, cuyo acuerdo original firmado con Marsans fue repudiado por la oposición y sufrió importantes modificaciones por el oficialismo antes de ser tratado en el recinto de la Cámara baja.

“Lo cierto es que un empleado o un funcionario de un nivel muy bajo firma un acta con Marsans, llega a acuerdos que no son fáciles de disolver y ahora tenemos que hacer frente a esta situación cuando en el mundo ya no se habla de líneas estatales”, cuestionó.

fuente

Pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”.

Por Claudio Lozano, Diputado nacional

El debate sobre cómo asignar los recursos públicos recorre los pasillos del Congreso. En un caso, el de Aerolíneas Argentinas, la propuesta promueve el traslado al Estado de la deuda acumulada por el grupo Marsans en la gestión de la empresa. En el otro, la actualización de los haberes jubilatorios (la llamada movilidad previsional) incorpora restricciones múltiples a efectos de evitar que los aumentos en los haberes sean excesivos. Es más, se privilegia la ampliación creciente del denominado Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional (que a finales de este año alcanzará cerca de $ 21 mil millones). Podríamos arrojar un primer juicio diciendo que, pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”. Por un lado, no hay inconvenientes en invertir dinero público convalidando gestiones empresarias cuasidelictivas (ej.: Marsans). Por otro, el Gobierno adopta el rostro de la austeridad y la seriedad institucional a la hora de hablar y decidir acerca de cómo y cuánto recomponer los haberes jubilatorios. Las cosas son así:

AEROLÍNEAS. Bajo el título de “Reestatizar Aerolíneas Argentinas”, el oficialismo ha enviado un proyecto que lo único que hasta el momento deja en claro es que se estatizará la deuda que hoy tiene la empresa. En este sentido, el proyecto, si no se modifica, resulta diáfano en sus objetivos. En ningún momento incorpora la palabra “reestatización”, su artículo 1º habla de rescate y compra de acciones (con lo cual se compra la deuda), y, como si esto fuese poco, en el artículo 6º anuncia la posterior privatización. Para colmo de males, las malas lenguas comentan que el Gobierno ha designado al frente del directorio como uno de sus representantes al Dr. Juan de Dios Cincunegui, quien, se dice, tiene aceitados vínculos con el Grupo Eurnekian. Por cierto, quien conduce el proceso (Ricardo Jaime) no goza casualmente de mucha confianza en lo relativo a la tarea de fortalecer y desarrollar el transporte público. En relación concreta con el caso Aerolíneas, fue quien comandó la decisión gubernamental adoptada en 2006 de desistir de las impugnaciones judiciales que el Estado argentino había sostenido hasta 2005 y en nombre de las cuales no había firmado los balances de la empresa. Jaime resuelve a partir de 2006 firmar y convalidar todo así como volver a incorporar a un director del Estado en la conducción empresaria. Es bueno tener en cuenta esta decisión, ya que se toma el mismo año en que el Tesoro español decide iniciarle juicio al Grupo Marsans denunciando que los u$s 758 millones que España le había otorgado para capitalizar Aerolíneas no habían tenido ese destino y el grupo empresario se había quedado con u$s 450 millones. Es curioso que justo cuando desde la propia España se identifican irregularidades que denunciaban el evidente vaciamiento de la empresa, en lugar de profundizar las acciones judiciales e iniciar una estrategia de recuperación del servicio de aeronavegación, la decisión haya sido declinar las impugnaciones judiciales, ingresar al directorio y terminar dos años más tarde, de apuro, asumiendo la empresa con una deuda de casi u$s 1.000 millones. Resolver el caso Aerolíneas exige modificaciones sustantivas del proyecto oficial para garantizar tres premisas. Una es la garantía de control estatal futuro del servicio de aeronavegación y de nuestra aerolínea de bandera. La segunda es no dilapidar recursos públicos, lo cual requiere iniciar acciones judiciales sobre Marsans en referencia a su responsabilidad en el vaciamiento empresario y avanzar en una demanda que reclame a Marsans e incluso al propio Estado español la efectiva concreción del aporte comprometido y no completado de los u$s 758 millones. Por último, garantizar la continuidad y la estabilidad laboral de los 9.300 trabajadores de Aerolíneas y Austral.

MOVILIDAD DE LOS HABERES PREVISIONALES. La propuesta oficial no podría haber sido más restrictiva. Por un lado, si no existen modificaciones, la denominada Prestación Básica Universal es llevada a $326 y no se toma en cuenta para la aplicación de la movilidad. Esto supone, que para el 76% de los jubilados que ganan el mínimo ($690), la movilidad se aplica sólo sobre la mitad y no sobre el total. Además, el proyecto en ningún caso se plantea comenzar un proceso de recomposición de los haberes para llevarlos a los niveles que resultarían de aplicarles la movilidad que perdieron durante los últimos años. No se trata de pagar lo adeudado, sino de mejorar el punto de partida para no convalidar como base, en la gran mayoría de los casos, el haber mínimo. Resulta incomprensible que no se haya pensado que los $21 mil millones que el Fondo acumula podrían permitir una recomposición de los haberes, quizás en etapas, pero recomposición al fin. Por último, en la fórmula de movilidad que promueve el proyecto oficial no sólo no se computa toda la recaudación (sólo incluye el 90% de los recursos impositivos y no incorporan los aportes de los trabajadores ni las contribuciones patronales), sino que además se la divide por el total de los beneficios (jubilaciones y pensiones) que paga el sistema. Se incorporan así, sin recursos adicionales, todos aquellos que lleguen vía distintas moratorias (por ejemplo la última: 1.300.000 jubilados más). Para ser preciso, aplicando el proyecto oficial, los que ganan el haber mínimo hubieran tenido un aumento en 2008 de apenas un 6%. Presentado bajo el lema de la seriedad presupuestaria, este proyecto sólo busca consolidar al ANSES como una caja superavitaria (en base a la represión en el aumento de los haberes) con la que puedan asistirse las necesidades de la Tesorería.

Así las cosas, mientras se niega la posibilidad de una recomposición de las jubilaciones, el Fondo creado para “sustentar el sistema” sí puede realizarle un préstamo a AySA por $800 millones o garantizar financiamiento para letras de tesorería para 2008 por $7.952,6 millones (pago de deuda pública). Es más, si nos descuidamos, puede haber recursos previsionales que sean destinados a pagar la deuda con el grupo Marsans.

Aerolíneas debe ser del Estado, su deuda no. La recomposición de los haberes jubilatorios es una deuda de nuestra sociedad con nuestros mayores, esa deuda la debe asumir el Estado.

Sostienen que el pasivo que asumirá el Estado es “confuso”

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

Los principales referentes de la oposición denunciaron ayer que entre el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el grupo español Marsans pergeñan “un fenomenal fraude al fisco” para que el Estado, en la negociación de compra de Aerolíneas Argentinas y Austral, se haga cargo del fuerte pasivo que acarrean las compañías. Ese monto es calculado por el Gobierno en 890 millones de dólares, cuyo origen, adujo la oposición, es “confuso y cuestionable judicialmente”.

Los bloques de diputados de la UCR, Coalición Cívica, Pro, Frejuli y otras bancadas unipersonales advirtieron que, de aprobarse el acta acuerdo suscripta el mes pasado entre el Gobierno y Marsans -controlante de ambas aerolíneas-, el Estado, al efectuar la compra de las acciones, asumirá también el pasivo que dejará el grupo español. Ante esta perspectiva, los opositores anticiparon ayer que rechazarán esa acta acuerdo cuando se discuta en el recinto de la Cámara baja y propondrán una alternativa: la creación de una nueva sociedad aerocomercial estatal.

Esta nueva compañía, explicaron, absorberá la totalidad de los empleados de Aerolíneas Argentinas y de Austral, como también las rutas operables, que son propiedad del Estado, recalcaron, no de Marsans. Hasta que esta sociedad se constituya -que podría demorar unos cuatro meses, explicaron-, propusieron que el Estado continuara financiando ambas líneas aéreas para garantizar la prestación del servicio en todo el país.

El primer paso será, entonces, rechazar el acta acuerdo ya suscripta, que constituye la médula espinal del proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso para su aval. Esta postura también será acompañada por otros bloques de la oposición que no estuvieron presentes ayer en la conferencia de prensa, como el socialismo, SI y bloques provinciales. También Claudio Lozano (CTA) y Jorge Sarghini (justicialismo nacional) plantearán el rechazo. “Si avala esta acta acuerdo, el Congreso pondrá un manto de sospecha en una negociación que ya aparece oscura porque el Estado, sin conocer todavía el activo de las compañías, se hará cargo de un fuerte pasivo”, sostuvo Sarghini.

Connivencia

La oposición está convencida de que detrás de esta acta acuerdo hay connivencia entre Jaime y Marsans para que el Estado asuma parte del pasivo de las aerolíneas. Una vez saneadas con recursos del Estado, el Gobierno podrá ceder, en una nueva negociación, parte de las acciones a un privado.

El jefe del bloque radical, Oscar Aguad (Córdoba), recordó que en 2001 el Estado español -que controlaba las aerolíneas argentinas por medio de Iberia- cedió su prestación a Marsans y le otorgó, además, 750 millones de dólares para su saneamiento financiero y la compra de 23 aviones. “Pero seis años después no hubo saneamiento, tampoco compra de aeronaves y hoy Marsans pretende venderle al Gobierno la misma empresa en un monto desconocido, pero con una deuda de 890 millones de dólares, sin activos físicos y con la marca devaluada”, advirtió. El legislador cuestionó al Gobierno por haber objetado inicialmente los balances de Aerolíneas de los años 2002, 2003 y 2004, pero luego “sorpresivamente y sin dar razones” haberlos aprobado pese a que los había considerado fraudulentos.

El jefe de bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires), advirtió que la solución para Aerolíneas Argentinas y Austral “no pasa por que todos los argentinos se hagan cargo de un pasivo contraído, posiblemente, de manera delictiva”, y rescató la creación de una nueva empresa aerocomercial porque “partirá de cero y sin deudas”.

A su turno, el jefe del bloque macrista de Pro, Federico Pinedo (Capital), afirmó que las bancadas de oposición no tienen interés en derrotar al Gobierno, sino que el Poder Ejecutivo pueda tomar las propuestas que tienen como eje “garantizar el servicio público interno y la comunicación con el interior del país y evitar que el pueblo argentino se haga cargo de la deuda de una empresa privada”. En tanto, el diputado del Frejuli, el puntano Luis Lusquiños, sostuvo que los opositores no quieren “convalidar un nuevo fraude al Estado nacional y al pueblo argentino”.

Boicot

• La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), advirtió ayer que hará un “boicot sorpresivo” a empresas españolas radicadas en el país en repudio a “la grave situación” de Aerolíneas Argentinas, que, según indicó, “pone en riesgo miles de fuentes de empleo”. El boicot consistirá en una campaña nacional para pedir a la población que no compre en las empresas españolas radicadas en la Argentina.

fuente: Lanacion.com

Lo dispuso la Presidenta para cubrir el déficit operativo de la compañía; el dinero se desafectó de planes de obras públicas

Por Mariano Obarrio
De la Redacción de LA NACION

El gobierno de Cristina Kirchner dispuso ayer destinar una partida de 295,2 millones de pesos para afrontar el déficit operativo de Aerolíneas Argentinas y Austral y garantizar la prestación del servicio aerocomercial para agosto y septiembre, mientras que en el Congreso toma temperatura la discusión por la ley de reestatización de la línea de bandera controlada hasta ahora por el grupo Marsans.

Ese monto arroja apenas una idea aproximada del enorme gasto que demandará al Estado garantizar el funcionamiento del transporte aerocomercial tras el apartamiento del grupo operador español.

Mientras tanto, el oficialismo y la oposición en el Parlamento discutirán, entre otras cosas, quién se deberá cargo -el Estado o Marsans- de la deuda estimada en casi 900 millones de dólares que arrastra la compañía.

El total de la reasignación de partidas de ayer alcanzó los 475,2 millones de pesos. Se dispuso, en rigor, por medio de la decisión administrativa número 11, firmada por el jefe del Gabinete, Sergio Massa, y publicada ayer en el Boletín Oficial.

Se trata de la primera reasignación que firmó Massa en uso de las facultades delegadas por el Congreso mediante la ley de administración financiera para redistribuir partidas dentro del presupuesto, lo que se conoce como “superpoderes”.

También se supo ayer que Massa firmó otra decisión administrativa por la cual se reasignó una partida presupuestaria de 217,7 millones de pesos de la Secretaría General de la Presidencia, que tenía como destino original el cambio del avión presidencial Tango 01, la reparación de aeronaves y la compra de un nuevo helicóptero para la flota presidencial. Ese montó se reorientó en este caso a la construcción y refacción de dos nuevos hospitales de niños en La Matanza, como se informa por separado.

Sin embargo, de la norma publicada en el Boletín Oficial no sólo se destinó dinero a Aerolíneas y Austral. También se aplicaron 20 millones al sistema de transporte automotor de pasajeros; otros 20 millones al transporte ferroviario (10 millones a TBA y 10 millones a Ferrovías), y 140 millones a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camessa). Un total de 475,2 millones.

Cambio de destino

Según los anexos de la decisión administrativa, a los que accedió LA NACION, de esos 475,2 millones de pesos, 157,2 millones, estaban originalmente asignados al programa de Desarrollo de Infraestructura Habitacional “Techo digno”, que depende del Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido. Otros 50 millones iban a ser aplicados al plan Acciones de Mejoramiento de Hábitat e Infraestructura básica, también de Planificación, y 30 millones al programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, que depende también de De Vido.

En los hechos, Aerolíneas y Austral sigue perteneciendo al grupo Interinvest, controlado por Marsans, que tras haber firmado un acta con el Estado le transferirá sus acciones apenas éste las adquiera. Para ello se debe terminar la evaluación de activos y pasivos que realizan el Tribunal de Tasación, por el Estado, y el Banco Credit Suisse, por parte de la empresa española.

En principio, eso significa que, aún sin controlar la compañía aerocomercial, el Gobierno restará fondos previstos para programas de viviendas, infraestructura y urbanización de villas para atender el déficit operativo de Aerolíneas tras la polémica reestatización, garantizar su servicio aerocomercial, y subsidiar empresas de trenes, de colectivos y al mercado mayorista eléctrico.

Los restantes 238 millones de pesos para cubrir aquellos 475 millones se le sustrajeron a la jurisdicción Obligaciones del Tesoro y estaban destinados a la Asistencia Financiera de Empresas Públicas y Entes Binacionales de los sectores Energía y Minería, entre ellas Enarsa, la empresa estatal de energía e hidrocarburos.

Según confió a LA NACION una fuente estrechamente vinculada con Massa, la reasignación presupuestaria “fue el instrumento administrativo para poder cumplir con las resoluciones anteriores de Planificación y de la Secretaría de Transportes que transfirieron fondos a Aerolíneas”.

En la misma decisión administrativa, se consignó que Planificación había transferido 201 millones de pesos mediante las resoluciones 599 y 642 del 11 y 31 de julio.

También se hizo constar allí que la Secretaría de Transportes, que dirige Ricardo Jaime, emitió las resoluciones 471, 500 y 521, de las fechas 10, 14 y 31 de julio mediante las cuales autorizó el envío de 54 millones, 57,2 millones y 90 millones a Aerolíneas y Austral. Con esos envíos, dice la norma, se afrontaron “salarios y demás gastos operativos urgentes e imprescindibles” que posibilitaron la normal prestación del servicio aerocomercial.

fuente: Lanacion.com

Con críticas al Gobierno, la oposición propuso crear una nueva aerolínea

Los principales referentes presentaron un proyecto para fundar una “sociedad aerocomercial estatal”, en el marco del debate sobre la estatización de Aerolíneas Argentinas; funcionaría con los 9000 empleados que trabajan actualmente

Los principales referentes de la oposición en el Congreso presentaron hoy una propuesta para crear una nueva “sociedad aerocomercial estatal”, en el marco del debate sobre la estatización de Aerolíneas Argentinas.

Según la propuesta, la sociedad se financiaría con aportes del Tesoro Nacional, incorporaría a los 9000 empleados de Aerolíneas Argentinas y Austral, y adquiriría una nueva flota vía leasing o alquiler, además de contar con una red de rutas de cabotaje para lograr la integración de las rutas en el país.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, sostuvo que la oposición no avalará el proyecto del Poder Ejecutivo. “Es una situación y un proceso delictivo. Queremos buscarle una solución, pero que no implique que los argentinos nos hagamos cargo de la irresponsabilidad del grupo Marsans y de algunos funcionarios”, dijo Pérez, que además aclaró que la única similitud con lo que ocurrió con la Resolución 125 es “que se trata de otro disparate del Gobierno”.

El diputado nacional resaltó que “debe existir un transporte aerocomercial que una a todo el país” y destacó el valor de los 9000 empleados que la componen.

“Proponemos la creación de una nueva empresa estatal. Una empresa que parte de cero, sin deuda. En la que no tendremos que hacernos carga de la deuda de una empresa española. La nueva empresa funcionará con los 9000 empleados en las condiciones que hoy tienen”, añadió Pérez.

El titular del bloque radical, Oscar Aguad, señaló que no obtuvo respuestas sobre “cómo el Estado argentino a transferido 200 millones de pesos a una empresa extranjera sin el permiso del Congreso” y responsabilizó del problema a los superpoderes que ostenta el Gobierno para manejar los dineros públicos sin un debate parlamentario.

En tanto, desde el PRO, Federico Pinedo aclaró que no se trata de “derrotar” al Gobierno. Y añadió: “No queremos que el pueblo argentino se haga cargo de una deuda de una empresa privada”.

fuente: LANACION.COM

Vicente Muñoz, director corporativo de la empresa, criticó el “alto nivel de conflictividad”; el oficialismo acusan de “vaciamiento” al grupo español; la oposición denuncia un supuesto “manejo fraudulento” de los fondos públicos

La discusión previa a la reestatización de Aerolíneas Argentinas ya tiene varias acusaciones cruzadas. Hoy los directivos de Marsans defendieron la gestión de ese grupo español en Aerolíneas y responsabilizaron a los sindicatos de la conflictividad laboral que entorpeció el manejo de la compañía, durante una presentación en el Congreso.

Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans y miembro del consejo de transición consensuado con el Estado argentino mientras se concreta la nacionalización de Aerolíneas, y Horacio Fargosi, ex presidente de la compañía, comparecen ante las comisiones de Transportes y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

En los primeros minutos de su comparecencia, Muñoz explicó que Marsans decidió abandonar Aerolíneas Argentinas debido al “alto nivel de conflictividad” de los sindicatos, en especial de pilotos, a cuyas protestas atribuyó las grandes pérdidas de la empresa.

Según Muñoz, en los últimos 12 meses Marsans perdió 280 millones de dólares debido a la conflictividad laboral.

Además, insistió en que la deuda exigible se limita a 290 millones de dólares y no a 890 millones de dólares, como se ha divulgado entre algunos sectores involucrados en el conflicto.

“Es falso que la empresa deba 890 millones de dólares, porque se confunden los pasivos con la deuda”, apuntó Muñoz, que aseguró que hay compañías aéreas que tienen pasivos superiores y funcionan con normalidad porque se tienen en cuenta sus activos.

Rechazó también las acusaciones de sobre-venta de pasajes y afirmó que se han contabilizado unos 147 millones de dólares en pasajes pendientes de uso, “una cifra triste”, dijo, que podría ser mayor si no fuera por la desconfianza de los clientes a causa de las huelgas promovidas por los sindicatos.

“No se han sobre-vendido pasajes”, insistió, “en todo caso se han sobre-programado vuelos para cubrir la demanda y mejorar la rentabilidad”, pero, cada vez que se intentó, los sindicatos convocaron huelgas y “le hicieron mucho daño a la compañía”, dijo.

A su juicio, “con la actual conducción del sindicato de pilotos no habrá solución” para Aerolíneas Argentinas ni para su subsidiaria de vuelos de cabotaje, Austral.

Por otra parte, el diputado radical Alejandro Nieva confirmó que el grupo presentó hoy una demanda penal contra Marsans por “administración fraudulenta” y “vaciamiento” de Aerolíneas.

La demanda se amplía al secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, por presunto “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación y malversación de caudales públicos”.

Para el oficialismo los culpables son otros. El diputado del Frente para la Victoria Dante Dovena acusó hoy a los grupos españoles Marsans e Iberia de haber realizado “un vaciamiento” de Aerolíneas y Austral durante la privatización de esas empresas aereas.

Mientras se debate en comisión el proyecto de reestatización de las líneas aéreas enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, Dovena, integrante de la comisión de Transportes de la Cámara Baja, subrayó a Télam su “convencimiento” de la necesidad de la estatización.

El diputado explicó que, a partir de la ronda de consultas que el plenario de comisiones de Transportes y Presupuesto realiza con diversos actores involucrados, llegó a la conclusión de que “el estado actual de las empresas es la consecuencia de un vaciamiento que ha realizado el Grupo Marsans y (anteriormente) el Grupo Iberia”.

“El vacimiento se produce realmente con Iberia y luego se completa con Marsans”, especificó el diputado, y agregó: “lo lamentable es que un Estado como el español saquee a otro Estado como el argentino”.

De todas maneras, admitió que “en esto hubo responsables, y no solamente españoles. También hay argentinos, que han sido socios y cómplices para el saqueo”, dijo.

Aerolíneas Argentinas tiene un pasivo de 890 millones de dólares, pierde cerca de un millón de dólares diarios, la mitad de su flota está averiada y cuenta con una plantilla de 8800 trabajadores.

El Gobierno envió un proyecto al Congreso para que convalide la trasferencia de Marsans al Estado del 94,41 por ciento de Aerolíneas y del 97 por ciento de su subsidiaria Austral.

Desde que hace un mes el Gobierno y Marsans acordaron iniciar el proceso de traspaso accionarial, el Estado ha aportado unos 200 millones de pesos (65 millones de dólares) para pagar sueldos y gastos operativos.

fuente: Lanacion.com