Es por haber hecho viajes de placer en vuelos privados pagados por empresas a la que debería controlar. Un funcionario muy cuestionado.

El secretario de Transporte Ricardo Jaime continúa almacenando denuncias en su contra. Ahora el fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, lo denunció por haber hecho viajes de placer en vuelos privados que fueron pagados por empresas a las que su secretaría debe controlar.

La investigación de la fiscalía se originó a partir de una nota del diario Crítica de la Argentina . En la mayoría de los casos el destino elegido por Jaime era Brasil, en busca de unos días de rélax. Según la denuncia, lo acompañaban “personas vinculadas a su núcleo íntimo de relaciones personales”. Es así que en la nómina de pasajeros figuran su mujer, Silvia Reiss y Julieta y Jimena Jaime. El costo de esos viajes, se estima en al menos 370.000 pesos.

Quién paga. En la mayoría de los casos, fueron empresas del Grupo Cirigliano quienes abonaron esos pasajes. Los Cirigliano son dueños, entre otros, de Trenes de Buenos Aires (TBA), compañía que recibe subsidios millonarios del Estado. Consorcio Metropolitano de Transporte (Cometrans), TBA, Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) y Ayres del Sur están involucradas. Todas son del mismo Grupo.

En la denuncia, Garrido comenta que “este proceder estaría encubriendo una dádiva al señor Jaime en razón del cargo público que desempeña, entre cuyas funciones directas se halla ser la autoridad de aplicación de las compañías que han sufragado los distintos gastos”

Vacaciones. Los registros indican que Jaime viajó de Buenos Aires a Río de Janeiro y viceversa el 8 de enero de 2007, el viernes 12, el martes 16, el viernes 26 y el lunes 29. Para Semana Santa viajó de nuevo: partió el miércoles 4 de abril y volvió el lunes 9. Siempre en 2007, Jaime fue a Uruguay el 29 de diciembre y volvió 10 días después. Ahora la denuncia de Garrido quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío.

FUENTE: PERFIL.COM

El gobierno nacional está a punto de cerrar un nuevo contrato con Hidrovía SA, consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la firma de capitales argentinos Emepa, que estará a cargo hasta el año 2021 del dragado y balizamiento del Paraná, desde Asunción del Paraguay hasta el Río de la Plata. La extensión del contrato, fruto de un acuerdo en la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), viene con algunas sorpresas bajo el brazo: el Estado prorrogó por segunda vez una concesión que recién vencía en 2013, y le pagará a esta empresa un subsidio extra de 112,5 millones de dólares por tres años, además de unos 1.500 millones de aportes por el total de la concesión, por anexar a la traza original (que abarcaba desde Santa Fe hasta el océano) el dragado a diez pies de la ruta que va desde la capital provincial hasta Asunción.

El gobierno prorrogará un contrato con una firma que desde hace mucho tiempo está en la mira de la Justicia. A fines de diciembre pasado, la Oficina Anticorrupción –cuando todavía no había asumido el actual titular Julio Vitobello, un kirchnerista cuestionado por su desempeño en la Sindicatura General de la Nación– anunció que iba a pedir la reactivación de la causa, donde esa repartición figura como querellante. El juez a cargo es Rodolfo Canicoba Corral, a quien en 2005 la Sala II de la Cámara Federal le dio un tirón de orejas al ordenarle que siguiera investigando.

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FUENTE: Critica Digital

Es conocido el escándalo (otro mas) que protagonizó la familia Kirchner cuando compró 147 hectarias al módico precio de 7,5$ el metro cuadrado. El propio Nestor vendió 2 de esas hectáreas al Grupo Chileno Cencosud. Según el diario El Mercurio , de Chile, Cencosud pagó por el predio 2.400.000 dólares, cuando Nestor había pagado 50 mil dólares. Sin dudas un negocio redondo.

Con la ingenua esperenza de que la justicia funcione, el negocio fue denunciado. Claro que las esperanzas no duraron mucho. La causa justo vino a parar al juzgado donde la fiscal encargada de llevar y sostener la querella es Natalia Mercado. Quien es Natalia Mercado? Es la sobrina de Nestor Kirchenr, hija de Alicia Kirchner. Curiosamente, Natalia también está implicada en el expediente: en 2006 le compró a la Municipalidad 10.232 metros cuadrados al precio irrisorio de 7,5 pesos el metro cuadrado mediante un mecanismo que no guardó las formas previstas por la ley.

La Cámara de Apelaciones provincial ya confirmó que la fiscal Natalia Mercado no tiene motivos para apartarse de la causa. Si el denunciante quiere volver a apelar, la siguiente instancia de apelación, el Superior Tribunal de Justicia, está presidida por Clara Salazar, también envuelta en la novela inmobiliaria, ya que es otra de las compradoras de los terrenos.

Qué suerte tiene la monarquía K! Las causas en la que ellos son el denunciante avanzan a la velocidad de la luz y las causas en las que ellos son denunciados avanzan a paso de tortuga, o mejor dicho, ni avanzan.

Según un sondeo, los argentinos creen que la corrupción aumentó más del doble en los últimos cinco años

“En los últimos 5 años ¿La corrupción en la argentina aumentó, se mantiene igual o disminuyó?”, preguntó el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano a los encuestados en el marco de un sondeo de opinión sobre la percepción pública de la corrupción.

La respuesta dejó al descubierto la percepción que existe sobre la transparencia del gobierno deNéstor Kirchner y el de la actual presidenta, Cristina Fernández. El 52% de los encuestados aseguró que la corrupción aumentó el último lustro, mientras que el 43% optó por asegurar que se mantiene y el 9% expresó que disminuyó.

A la hora de destacar el gobierno con menores niveles de corrupción, los encuestados, residentes de la Ciudad de Buenos Aires mayores de 18 años, optaron por Raúl Alfonsín. Un 46% lo eligió como el político menos deshonesto. En el otro extremo, Carlos Menem fue elegido por el 5% de los participantes del sondeo, mientras que en el medio quedaron Fernando de la Rua en el segundo lugar con un 11% y Nestor Kirchner con un 10%. El trabajo no menciona a Eduardo Duhalde.

En relación a este último y los escándalos de su gobierno, el 68% de los participantes del estudio aseguran que en la Casa Rosada no dicen todo lo que saben sobre Antonini Wilson.

Según el trabajo de la Universidad de Belgrano, la percepción de corrupción es elevada. Mientras un 74% de los ciudadanos de la capital nacional consultados opina que en la sociedad argentina los niveles de corrupción son altos, el 36% cree que el país tiene mayores niveles de corrupción que el resto de los países de América Latina.

“Casi 40% de los encuestados señala al ámbito político como el más corrupto y 22% opina que la corrupción en nuestro país es generalizada y afecta a todos los ámbitos sociales por igual. Dentro del ámbito político, 40% cree que los mayores niveles de corrupción se manifiestan en el nivel nacional y 26% que la corrupción sucede en todos los niveles de la política sin distinciones”, explica el trabajo en sus reflexiones finales.

Para el 71% de los encuestados, los castigos que deberían sufrir los políticos corruptos son la prisión, el pago de multas en dinero y la prohibición vitalicia para acceder a cargos públicos. En relación a las causas a las que se atribuye la corrupción, las falencias en la educación familiar, el abuso de poder y el mal funcionamiento de la Justicia concentran el 63% de las opiniones.

Niveles privados. La encuesta también apuntó a los actos de corrupción que se dan en la vida cotidiana de los encuestados. Así, solamente 10% cree que la gente denunciaría un acto de corrupción aunque ello implicara perder un beneficio y 44% de los ciudadanos participantes estaría dispuesto a cometer un acto de corrupción que lo beneficiara. Esa opinión se mantiene, pese a que al mismo tiempo 52% cree que la gente para sobrevivir no está obligada a adaptarse a la corrupción

Además, casi 30% dice conocer personas que cobran por nombramientos en cargos públicos y no asisten a trabajar y el 53% admite conocer a alguien que haya cometido algún acto de corrupción. “Los ciudadanos se muestran particularmente tolerantes a las “pequeñas” corrupciones cotidianas, a las que ni siquiera definen como corrupción; y un 44% es proclive a comportamientos corruptos si no se observa un perjudicado directo”, concluye el estudio.

“Llama la atención la forma en que se ha naturalizado la corrupción, sobre todo entre los más jóvenes, quienes no consideran corruptos determinados comportamientos que conceptualmente lo son, debido a la cotidianeidad y frecuencia con que los observan. La gente de mediana edad, a pesar de reconocer ciertas acciones como corruptas, de todos modos las llevan a cabo porque las consideran un mal menor”, agrega el trabajo.

FUENTE: PERFIL.COM

Escándalo por los límites impuestos al fiscal que investiga al Gobierno

El Procurador General de la Nación le quitó a Manuel Garrido las causas que involucran a integrantes del Poder Ejecutivo. “No hay ningún organismo independiente que investigue la corrupción”, sostuvo el funcionario judicial.

El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, criticó hoy duramente la decisión de la Procuración General de la Nación de limitar las investigaciones de corrupción, que en muchos casos involucran a funcionarios nacionales, y pidió que sea el Congreso el que regule las facultades del organismo a su cargo.

Entre las causas más resonantes de los últimos tiempos, el fiscal intervino en las presuntas coimas del escándalo de Skanska, la bolsa con dinero encontrado en el baño del despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, la denuncia sobre la manipulación de los datos del INDEC y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner.

“Evidentemente hay problemas, hay impunidad, no hay sentencias y la cuestión sobre las facultades de la fiscalía pasa a sumarse a la serie de problemas que evidencian que la Argentina no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de investigación de la corrupción”, advirtió.

Garrido, en diálogo con radio Continental, lamentó que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, haya acotado las atribuciones de la FIA -organismo que preside desde hace cinco años- para investigar los delitos de corrupción que, entre otros, involucra a funcionarios públicos nacionales.

El funcionario dejó en claro la gravedad de la situación: “La interpretación de que la fiscalía no está especializada en la investigación de la corrupción, que es lo que surge de la resolución del procurador (Righi) de ayer, viene a poner sobre el tapete que no hay ningún organismo independiente especializado en investigar y en perseguir la corrupción”, alertó.

Concretamente, Righi recurrió al concepto de “intervención necesaria” de la ley del Ministerio Público en lo que se refiere a esa fiscalía, para recortar la intervención de Garrido en causas que no se hayan iniciado por su denuncia.

El fiscal enfatizó que la persecución de actividades delictivas “es una de las cosas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción le exige a los países que son parte, y de hecho la Argentina es parte”.
Garrido confirmó que, de ahora en más, “en cualquier causa en la que la fiscalía haya intervenido o haya investigado pero que la denuncia haya sido presentada por otro, no tiene ninguna posibilidad de intervenir ni siquiera subsidiariamente”.

fuente: CriticaDigital