La mayoría pertenece al área del Ministerio de Planificación y muchos arrastran temas cuestionados de la gestión de Néstor Kirchner.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene en sus primeras y segundas líneas un total de 21 altos funcionarios con procesos judiciales abiertos en la justicia. La mayoría de ellos cargan con denuncias desde la gestión anterior. Esa es parte de la herencia que le dejó su marido, Néstor Kirchner.

El puesto número uno del “Top Five” de los funcionarios de más alto cargo involucrados en hechos de corrupción, es para el “casi” ministro Ricardo Jaime. El intocable secretario de Transporte tiene diez denuncias, está mencionado en otras 14 causas judiciales, y es parte del pesado legado que dejó el ex presidente.

Siguen los ministros Planificación Federal, Julio De Vido (9); Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández (6); Desarrollo Social, Alicia Kirchner (3); y de Trabajo, Carlos Tomada (3). Los datos surgen de un relevamieto realizado por PERFIL y de la base de datos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).

Pero el kirchnerismo es tan alineado que nadie se anima a tener más denuncias que el jefe. El ex mandatario cosechó casi medio centenar de causas. La última acusación es por asociación ilícita y la anteúltima por enriquecimiento ilícito, expediente que lo comparte con su sucesora y esposa.

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Luego del gigante bonaerense, la provincia de los Kirchner es la que más fondos públicos absorbió, incluso por encima de otras más pobladas. De Vido, el repartidor.

Las críticas al ex presidente Néstor Kirchner y también ahora a Cristina por la discrecionalidad con la que se decide a qué provincias asignarles obras públicas siempre estuvieron a la orden del día. Ante el inminente anuncio de un megaplan al estilo “keynesiano”, los escépticos una vez más se preguntan cómo se van a distribuir los proyectos previstos. Las dudas están fundadas en que las provincias “amigas” siempre estuvieron entre las más beneficiadas en desmedro de las “enemigas”.

Un informe realizado por PERFIL, respecto a la distribución presupuestaria desde el Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad hacia las provincias durante los cinco años de gobierno kirchnerista, deja en evidencia que Santa Cruz, el pago chico del matrimonio presidencial, es el segundo destino que más fondos recibió. El primer puesto, como era de esperar, es para Buenos Aires, por lejos la provincia más poblada del país.

Luego de Santa Fe y Córdoba, otros distritos de importancia, los mayores beneficios los tuvieron provincias donde hay gobernadores afines al Ejecutivo nacional, como Tucumán (José Alperovich), Formosa (Gildo Insfrán), Chaco (Jorge Capitanich), Chubut (Mario Das Neves) y San Juan (José Luis Gioja), en ese orden.

Por el contrario, las provincias más perjudicadas son de sectores que durante este período estuvieron o están más distantes del Gobierno. El último de la lista es San Luis, territorio gobernado por los hermanos Rodríguez Saá, que desde un principio se posicionaron dentro del peronismo disidente. Luego están Tierra del Fuego (Fabiana Ríos, del ARI), Neuquén (Jorge Sapag, del MPN) y Catamarca (el ex radical K Eduardo Brizuela del Moral).

Contracaras. En el caso de Tierra del Fuego, que como es una de las provincias más chicas y menos pobladas es entendible que no esté a la cabeza del listado, se ve cómo el cambio de bandera política la perjudicó. En 2007, cuando todavía gobernaba el peronista Hugo Cóccaro, los fueguinos recibieron más de 136 millones de pesos. Este año asumió la arista Ríos y, según la ejecución presupuestaria al 30 de noviembre, ya se ven las consecuencias: le giraron sólo 45 millones. En Catamarca se da una situación similar. El gobernador dejó de ser K y pasó de recibir 165 millones a 120 millones. En Neuquén, por el contrario, Sapag, que reemplazó a Jorge Sobisch y se mostró más cercano al Gobierno, ya superó la cifra recibida el año anterior.

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Son unos 300 empleados de los ministerios de Planificación y Economía. Contradicciones en el discurso K.

El martes pasado, en la UIA, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el plan oficial para enfrentar la crisis financiera global. “Vamos a enviar en el mismo proyecto un instrumento que permita poner de negro a blanco a los trabajadores en la República Argentina”, anunció la mandataria. Quienes escucharon con atención ese párrafo del discurso presidencial fueron los al menos 300 empleados del Ministerio de Economía que, con la excusa de una pasantía encubierta en un “contrato de locación de servicios”, firmaron un “contrato basura”, que desde la CTA no dudan en calificar como “trabajo en negro”.

“Yo trabajaba en el Ministerio de Economía, pero iba todos los meses a Avellaneda, a la sede de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), a cobrar el cheque”, cuenta Juan. El caso de este ex empleado del organismo, que no quiso dar su nombre real, es uno de los seis relevados por Perfil que demuestran que detrás del ímpetu del Gobierno por blanquear a los trabajadores se esconde una trama de contrataciones irregulares en el propio ámbito estatal.

En el Ministerio de Economía, comandado por Carlos Fernández, Perfil relevó cinco casos entre empleados y ex empleados que firmaron un contrato, sobre la base de un convenio con una facultad de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que presenta graves irregularidades. Con un sueldo mensual de $1.600 por mes, $400 más que el salario vital y móvil, los aportes jubilatorios, de ART y de obra social corren a cargo de los “pasantes”.

Lea la nota completa en la edición de hoy del Diario Perfil.

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Estamos acostumbrados a las contradicciones K. Parece que no aparecerá ninguna más pero éste gobierno no deja de sorpredernos.

Argentina se debate el fin de las AFJP. Los K argumentan que el sistema de AFJP es perverso y la oposición afirma que el fin de las AFJP encubre la necesidad de usar los fondos para otras cosas. Por supuesto, el oficialismo salio a desmentirlo fervorosamente.

Sin embargo, en marzo de este año ocurría algo diferente. El gobierno presionaba en el Congreso para que los recursos de la ANSES fuesen desviados a otras areas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, pretendía que los jubilados le prestaran a AySA (empresa estatal de aguas) 890 millones de pesos como parte del plan quinquenal de obras que anunció Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa.

Un documento interno del Ministerio de Economía adviertía sobre el riesgo de esa operación: “Resulta improbable que la empresa pueda hacer frente con sus ingresos operativos al reintegro de los montos que se le aporten”, dice el dictamen de la Secretaría de Hacienda.

Hace sólo unos meses el oficialismo pretendía usar los fondos de las jubilaciones en otras areas. Hoy, lo niegan rotundamente…. Qué pasará mañana?

Documentan que el dinero de Wilson era para la campaña de Cristina K

El abogado Monner Sans presentó a la jueza Servini de Cubría un documento obtenido en los EE.UU. que certificaría que Antonini entró cash para ayudar a la Presidenta. El venezolano declaró que, en total, entraron u$s 4,2 millones.

El abogado Ricardo Monner Sans presentó esta mañana documentación supuestamente originada en la Justicia estadounidense, que indicaría que la valija con 800 mil dólares que en agosto de 2007 intentó ingresar al país el venezolano Guido Antonini Wilson estaba efectivamente destinada a la campaña electoral de un candidato, aunque no especifica a cuál.

Al ratificar la denuncia que efectuara el 15 de setiembre pasado ante el juzgado federal con competencia electoral, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, el abogado entregó un juego de fotocopias con actuaciones que habría llevado a cabo la Justicia norteamericana en relación con el caso.

Esa documentación incluye “una fotocopia de documento redactado en idioma inglés en el cual, sin embargo, puede leerse con absoluta claridad en el tercer párrafo que se imputa el ingreso del dinero para la campaña celebrada en la Argentina el 28 de octubre de 2007. El título de dicho documento es ‘Department of Justice’ y se advierte en la parte superior de su costado izquierdo que ha sido emitida el 12 de diciembre de 2007 respecto de 4 personas arrestadas en orden al tema de autos, siendo 3 de ellos venezolanos y un uruguayo”.

Otro documento adjuntado tiene membrete de “United Status District Court” e individualiza el caso judicial como “United Status of America v. Moisés Maionica”, uno de los imputados en la causa que se sustancia en Miami. Ese texto está firmado por “Michael J. Lasiewicki del Federal Bureau Of. Investigation” (FBI) .

Un tercer documento consta de nueve carillas redactadas en inglés, “en el cual en el punto 9 puede entenderse que el dinero ingresaba para una campaña de candidato en la República Argentina”.

Finalmente, el último elemento consta de seis 6 carillas, se titula “Declaración Jurada”, es la traducción del documento anterior y hace expresa referencia “al ingreso de los fondos retenido en e aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires destinados a la campaña electoral”.

La documentación y la ratificación de la denuncia fue recibida por la secretaria electoral, Daniela Sayal, ya que la jueza Servini de Cubría se halla actualmente de licencia.

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Un Decreto del año 1997 firmado por kirchner y De Vido puso fuera del alcance del Impuesto a las Ganancias, a los ítems o adicionales que cobran funcionarios, jerárquicos y legisladores de Santa Cruz. La norma provincial actuó por sobre lo establecido en la ley 20.628 y está en vigencia hasta hoy. En algunos casos hay funcionarios que cobran en conceptos adicionales más de un sueldo de base.

El entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner en el apogeo de su mandato, resolvió que los funcionarios de su gobierno, incluido él, debían tributar Ganancias con el menor monto posible de sus sueldos, porque tal como sucede hoy, redundaba en una brusca disminución de los haberes que el personal jerárquico de la provincia, fueran éstos funcionarios de gobiernos o de entes autárquicos, tenían todos los meses como producto de la voracidad del Estado nacional de entonces.

¿Y si hacemos algo?

El Decreto 934 firmado en 1997por Néstor kirchner y Julio De Vido como Gobernador y Ministro de Economía respectivamente, es una suerte de “interpretación” de la ley nacional Nº 20.628 que establece el impuesto a las ganancias a todo trabajador a partir de un piso imponible en la actualidad relativamente bajo si se tiene en cuenta el alto costo de la canasta familiar.

Para corregir este desfasaje o para decirlo en texto claro: gambetearle al pago, Kirchner elaboró esta norma menor constituyendo una curiosa forma de enmendar una ley con un decreto, en la cual señalaba aquellos ítems que a criterio del gobierno de entonces no debían ser considerados para tributar al impuesto.

La norma refiere a las remuneraciones y adicionales establecidas por la Ley provincial Nº 1327 la cual regula bajo estos términos “responsabilidad jerárquica, dedicación funcional, gastos de representación los cuales constituyen una compensación por mayores gastos que se originan en el desempeño de la función, no computándose los mismos a los fines impositivos”.

Téngase en cuenta que estos adicionales no son parte de la remuneración ordinaria de un empleado común, docente, jubilado, empleado público, municipal o agente de policía.

Kirchner y De Vido por lo tanto, en 1997, emitieron este instrumento público en cuyo primer artículo señala “Considérense no integrante de la base imponible del impuesto regulado por Ley Nº 20.628 y sus modificatorias, para los Agentes de la administración pública central, organismos descentralizados y autárquicos y entes especiales de la provincia, las remuneraciones especiales por dedicación funcional, responsabilidad jerárquica, viáticos, movilidad, gastos funcionales de autoridad superior, dedicación horaria o exclusiva, indemnización por traslados y otros conceptos de similar naturaleza o características”.

Luego, en su artículo 2º, expresa “Quedan alcanzados asimismo por la presente norma todos aquellos adicionales con similares características a los contemplados en el artículo anterior, que se implementen en adelante”.

Blindémonos de los demás

Con esta salvaguarda el ex gobernador santacruceño dejó a salvo a funcionarios, diputados, senadores y todo aquel que cumpliendo tareas en entes descentralizados, autárquicos o especiales de la provincia o dependiendo de ella, reciba en forma aleatoria a su sueldo, cualquiera de estos ítems que son (obviamente) exclusivos del personal jerárquico de la provincia y que se sigue aplicando hasta nuestros días.

Llamativamente ha sido el gobierno nacional que desde hace cinco años lleva adelante Kirchner (hoy junto a su esposa), el más renuente a modificar el impuesto a las ganancias sobre el sueldo de los trabajadores y recordemos por la suba del piso imponible se han vivido crisis sin precedentes en Santa Cruz en estos últimos tiempos, como el gran conflicto petrolero del 2005 y 2006 que terminó con la vida de Jorge Sayago en Las Heras.

Hoy son los docentes de Santa Cruz quienes piden que se eleve el piso imponible porque sostienen que un maestro con dos cargos prácticamente entrega uno de sus sueldos al Estado en virtud de la aplicación de este impuesto realmente confiscatorio. De hecho y tal como lo explicara el Secretario General de la ADOSAC Pedro Muñoz, actualmente los docentes no quienes tomar dobles cargos por ese motivo, lo que está ocasionando un gran problema ante la ausencia de titulares y provisionales, ya que las aulas se quedan sin maestros porque que nadie que tenga otro cargo, cubre las vacantes.

Lo que descubre el hallazgo de este Decreto Nº 934 de 1997 firmado de puño y letra por Kirchner y De Vido, es que el entonces gobernador en ese momento se puso a cubierto él y toda la plana mayor de su gobierno, incluyendo los legisladores, de este tributo. Como no podía evitar la afectación sobre el sueldo básico o “en blanco” del personal, generó un controvertido Decreto que hace una suerte de “interpretación” de la Ley, pero que inconstitucionalmente termina actuando sobre la misma, dado que excluye taxativamente del sueldo de bolsillo que cobran los funcionarios, todos aquellos ítems o adicionales que suelen constituir en algunos casos más del 50% de lo que cobran mensualmente como remuneración base y los pone a resguardo de la afectación.

A partir del conocimiento público de este Decreto que estaba “olvidado” (pero vigente) hace 11 años, especialmente el sector docente se pregunta ahora cuáles serán los motivos que va a esgrimir el gobernador Peralta para sostener como lo ha hecho todo este tiempo, que desde la provincia no puede hacer absolutamente nada para resolver el problema de la afectación de los sueldos de activos y jubilados que mensualmente reciben significativos descuentos por la aplicación de la Ley 20.628.

El Gobernador ha manifestado su desacuerdo con este impuesto pero se ha excusado una y otra vez sosteniendo que al tratarse de una norma nacional, no puede actuar sobre su modificación.

Sin embargo el decreto firmado por kirchner en 1997 sienta un precedente poco común en el acatamiento de una Ley, toda vez que le hace una gambeta a la norma madre para favorecer a la elite gobernante que aún hoy no tributa por los adicionales que percibe y los cuales, de acuerdo a las averiguaciones practicadas, suelen (en algunos casos) superar ampliamente lo que cobran por ventanilla mensualmente. (Agencia OPI Santa Cruz)

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