“Encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de tratados concluidos con naciones extranjeras y presumible cohecho y tráfico de influencias judiciales”. Esos son los presuntos delitos por los cuales fue denunciado hoy el procurador general de la Nación, Esteban Righi, a raíz de los recortes a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
La denuncia, presentada ante la Cámara Federal, fue impulsada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, con el patrocinio legal de su colega Rafael Díaz Flaque, quienes apuntan contra “la proscripción del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, para participar en lo sucesivo en causas que involucren corrupción de funcionarios”.
Según la denuncia, la decisión de Righi, conocida la semana pasada, ” ha acotado autoritariamente, las facultades del Fiscal de Investigaciones Administrativas”, mediante “una arbitraria y estrecha interpretación de la Ley Orgánica del Ministerio Publico”.
Sánchez Kalbermatten sostuvo, asimismo, que la resolución de la Procuración tuvo “la exclusiva finalidad, políticamente impartida, de impedir que se investiguen causas de corrupción y por consiguiente permitir el afianzamiento de la impunidad“ y “va de contramano con cualquier política de transparencia, y colisiona de manera directa con los compromisos internacionales asumidos por la Republica Argentina”.
“Encuentra explicación en el avance de numerosas causas de corrupción que afectan a integrantes del gabinete y funcionarios de la administración del matrimonio gobernante, y persigue como exclusiva finalidad el cierre ‘silencioso’ de las mismas, sin que nadie pueda recurrir cualquier sobreseimiento o falta de merito susceptible de dictarse para favorecer a los imputados de corrupción”, subraya el texto, al que tuvo acceso la agencia de noticias DyN.
“Con esta insólita decisión –añade el documento- se culmina el proceso de `impunidad´ que el matrimonio gobernante comenzara con la renovación de la Corte Suprema, la gestión para la renuncia y recambio del (anterior) Procurador General Nicolás Becerra y la llegada del ex ministro del Interior del gobierno de Héctor Cámpora, Esteban Righi, y luego con la toma, desguace y control del Consejo de la Magistratura”.
Los delitos imputados a Righi contemplan penas que van desde una multa hasta los seis años de prisión, y en todos los casos son de los considerados “excarcelables”.
Fuente: DyN
Fuente: TELAM
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