El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó hoy al Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido la suspensión de los aumentos de tarifas que esta medianoche comenzarán a regir en colectivos, subtes, trenes y premetro, así como que se convoque a Audiencia Pública a fin de tratar la problemática de esos servicios de transporte.

Concretamente, el Ombudsman pidió que antes de tomarse cualquier medida sobre el tema se analice la estructura de costos, el modelo de calidad, las obligaciones exigidas a los empresarios en el marco de la nueva tarifa, el nuevo modelo de subsidios y el informe de Auditoría relativo al régimen de suministro de gasoil a precio diferencial, con el objeto de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

La resolución emitido por la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene por fin “garantizar a los usuarios y consumidores una información adecuada y veraz, y que tengan una real participación en cuestiones que afectarán directamente sus derechos económicos”.

En el texto de la medida, el organismo explica además que “de la información enviada a la Institución por parte de la Secretaría de Transporte, queda claro que el Estado desconoce cuál es el precio final que por transportar pasajeros recibe la empresa”.

“A ello -sigue diciendo la nota elevada por Mondino- se suma que sin perjuicio del pésimo servicio que reciben los usuarios de servicio de transporte de pasajeros, sea automotor, ferroviario, subterráneo o premetro, los mismos ahora deberán afrontar un incremento promedio en las tarifas del 20 %.

El Defensor del Pueblo aseguró por último que “el Gobierno Nacional, al no poner en marcha el proceso de renegociación de contratos, demuestra que no existe voluntad ni capacidad técnica para transparentar costos, aclarar cuál es el precio que el concesionario recibe por boleto, determinar cuáles son las obligaciones del servicio y pautar la calidad del servicio y otorgar seguridad jurídica a los usuarios”.

visto en Peril.com

El juez Ercolini hizo lugar a un pedido del fiscal Pollicita basado en la denuncia por asociación ilícita presentada por Carrió, que incluye a Jaime, Uberti y Cristóbal López, entre otros

La Justicia dio el primer paso formal para iniciar una causa contra Néstor Kirchner y Julio De Vido por el delito de asociación ilícita.

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió en las últimas horas que se investigue al ex presidente y al ministro de Planificación Federal por ese delito. Lo hizo a partir de la denuncia que hace poco más de un mes había presentado Elisa Carrió.

El juez federal Julián Ercolini ya hizo lugar al requerimiento y abrió el expediente, según confirmaron a lanacion.com fuentes judiciales.

Las fuentes añadieron que la solicitud de de Pollicita reproduce “casi en su totalidad” los términos de la denuncia de la líder de la Coalición Cívica y que, con la causa ya abierta, el juez se abocará a reunir pruebas. De todas maneras, no se registrarán avances hasta después de la feria judicial de enero, indicaron.

El 12 de noviembre pasado, Carrió se presentó en los tribunales de Retiro para denunciar penalmente a Kirchner como supuesto jefe de una asociación ilícita que, siempre según la presentación judicial, integrarían De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; los empresarios K Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa; y el ex titular del Occovi Claudio Uberti.

La denuncia, es una voluminosa recopilación de las investigaciones de distintos diputados de ARI y la Coalición Cívica durante los cinco años y medio del kirchnerismo en el poder.

Ejes. La obra pública, los contratos petroleros, el caso Skanska, presuntos negociados en el área de pesca, el juego, el transporte, y hasta los viajes de funcionarios argentinos desde y hacia la Venezuela de Hugo Chávez están incluidos en unos treinta casos de presunta corrupción.

En el escrito, Carrió y sus diputados pidieron a Ercolini que investigue si Kirchner fue jefe de la asociación ilícita y si hizo un “pacto de impunidad” con Chávez para ocultar el caso Antonini. Los negocios con Venezuela también involucran a De Vido y Uberti, mientras Ulloa es acusado de enriquecimiento ilícito y presunto pedido de coimas a pesqueras. López y Báez son sindicados como empresarios beneficiados en distintas licitaciones vinculadas al juego y construcciones, respectivamente. Jaime acumula denuncias por presuntas coimas y escaso control en concesiones ferroviarias, Aerolíneas y la licitación del tren bala.

También pidieron al juez el allanamiento de la AFIP y el Ministerio de Planificación; un exhorto a la justicia norteamericana para que remita una copia del caso Antonini Wilson, y citaciones a ex funcionarios como el ex titular de la AFIP Alberto Abad.

FUENTE: LANACION.COM

Estamos acostumbrados a las contradicciones K. Parece que no aparecerá ninguna más pero éste gobierno no deja de sorpredernos.

Argentina se debate el fin de las AFJP. Los K argumentan que el sistema de AFJP es perverso y la oposición afirma que el fin de las AFJP encubre la necesidad de usar los fondos para otras cosas. Por supuesto, el oficialismo salio a desmentirlo fervorosamente.

Sin embargo, en marzo de este año ocurría algo diferente. El gobierno presionaba en el Congreso para que los recursos de la ANSES fuesen desviados a otras areas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, pretendía que los jubilados le prestaran a AySA (empresa estatal de aguas) 890 millones de pesos como parte del plan quinquenal de obras que anunció Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa.

Un documento interno del Ministerio de Economía adviertía sobre el riesgo de esa operación: “Resulta improbable que la empresa pueda hacer frente con sus ingresos operativos al reintegro de los montos que se le aporten”, dice el dictamen de la Secretaría de Hacienda.

Hace sólo unos meses el oficialismo pretendía usar los fondos de las jubilaciones en otras areas. Hoy, lo niegan rotundamente…. Qué pasará mañana?

Documentan que el dinero de Wilson era para la campaña de Cristina K

El abogado Monner Sans presentó a la jueza Servini de Cubría un documento obtenido en los EE.UU. que certificaría que Antonini entró cash para ayudar a la Presidenta. El venezolano declaró que, en total, entraron u$s 4,2 millones.

El abogado Ricardo Monner Sans presentó esta mañana documentación supuestamente originada en la Justicia estadounidense, que indicaría que la valija con 800 mil dólares que en agosto de 2007 intentó ingresar al país el venezolano Guido Antonini Wilson estaba efectivamente destinada a la campaña electoral de un candidato, aunque no especifica a cuál.

Al ratificar la denuncia que efectuara el 15 de setiembre pasado ante el juzgado federal con competencia electoral, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, el abogado entregó un juego de fotocopias con actuaciones que habría llevado a cabo la Justicia norteamericana en relación con el caso.

Esa documentación incluye “una fotocopia de documento redactado en idioma inglés en el cual, sin embargo, puede leerse con absoluta claridad en el tercer párrafo que se imputa el ingreso del dinero para la campaña celebrada en la Argentina el 28 de octubre de 2007. El título de dicho documento es ‘Department of Justice’ y se advierte en la parte superior de su costado izquierdo que ha sido emitida el 12 de diciembre de 2007 respecto de 4 personas arrestadas en orden al tema de autos, siendo 3 de ellos venezolanos y un uruguayo”.

Otro documento adjuntado tiene membrete de “United Status District Court” e individualiza el caso judicial como “United Status of America v. Moisés Maionica”, uno de los imputados en la causa que se sustancia en Miami. Ese texto está firmado por “Michael J. Lasiewicki del Federal Bureau Of. Investigation” (FBI) .

Un tercer documento consta de nueve carillas redactadas en inglés, “en el cual en el punto 9 puede entenderse que el dinero ingresaba para una campaña de candidato en la República Argentina”.

Finalmente, el último elemento consta de seis 6 carillas, se titula “Declaración Jurada”, es la traducción del documento anterior y hace expresa referencia “al ingreso de los fondos retenido en e aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires destinados a la campaña electoral”.

La documentación y la ratificación de la denuncia fue recibida por la secretaria electoral, Daniela Sayal, ya que la jueza Servini de Cubría se halla actualmente de licencia.

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Los problemas de provisión de gas boliviano redujeron a un tercio el megaproyecto del GNEA. El ministro de Planificación, Julio De Vido, decidió modificar la obra por la que Techint ya entregó parte de las cañerías.

El Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), por menor cantidad de gas boliviano y por falta de fondos, ya no será la megaobra planeada y presupuestada en $5.235 millones. La traza que iba a permitir traer gas en red de Bolivia hasta Santa Fe con varias derivaciones que llegarían a 14 provincias, se reducirá un tercio. El diámetro de la cañería también será menor a pesar de que gran parte de ella ya fue entregada por Techint, adjudicataria de este tramo de la licitación.

La decisión la tomó el Ministerio de Planificación luego de sus últimos encuentros con las autoridades energéticas de Bolivia. La eterna crisis política de ese país, que frena inversiones en exploración gasífera, es una de las principales razones del encogimiento del ducto.

Por ahora, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) no está en condiciones de aumentar la cantidad de fluido que envía al país, que ya es menor a la que establece el contrato firmado entre los dos gobiernos. La restricción presupuestaria de la Argentina se lleva el resto.

fuente: Critica Digital