El ex fiscal del juicio a las juntas militares dijo que el actual gobierno nacional utiliza “como bandera” los procesos a represores. Opinó que “si en 1983 hubiera ganado este oficialismo, no hubiera habido ningún juicio” a sus responsables.

El ex fiscal del juicio a las juntas militares Julio César Straserra consideró este martes que el Gobierno quiere prolongar los juicios por delitos de lesa humanidad para utilizarlos como bandera y coincidió con la acordada de la Corte Suprema que dispuso una serie de medidas para agilizar los procesos.

“Estas causas son muy complicadas. Pero el Poder Ejecutivo no las quiere tratar porque le conviene prolongarlas ya que las quieren usar como bandera de los derechos humanos, de la que se ha adueñado”, dijo Strassera a la agencia de noticias DyN y advirtió que “si las elecciones de 1983 las hubiera ganado este oficialismo, no hubiera habido ningún juicio contra los militares”.

Consultado por la acordada de la Corte Suprema de Justicia que pidió agilizar los juicios de derechos humanos, con esfuerzos de los tres poderes, Strassera deslizó la necesidad de una reforma al Código Procesal y reclamó al Consejo de la Magistratura que abra juzgados.

Dijo estar “totalmente de acuerdo” con el criterio planteado por la Corte, al igual que el abogado constitucionalista Félix Loñ, que celebró el texto de los magistrados del máximo tribunal y señaló que “hay que mejorar normas tendientes a este tipo de pleitos”.

Por su parte, Strassera interpretó la acordada de la Corte y la tradujo públicamente: “prácticamente le esta diciendo al Congreso que reformen las leyes”, aseguró y agregó que los jueces hacen lo posible pero subrayó que “el Código de Procedimiento no sirve”.

“Nosotros hicimos un juicio monstruoso en un año porque teníamos un procedimiento especial que preveía un juicio sumario. Estas son causas complejas porque todo fue hecho en forma clandestina, han desaparecido testigos, hay imputados en varios hechos”, opinó el abogado que en 2006 defendió en el juicio político por el que fue removido a Aníbal Ibarra de su cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a causa del incendio sucedido en Cromanón.

El ex fiscal se refirió también al proyecto de ley que los ex jueces del juicio a las juntas, Ricardo Gil Laavedra y Andrés D’Alessio, presentaron en el Senado para agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad a través de un proceso especial y criticó que no haya sido tratado por el kirchnerismo.

“Ese proyecto no mereció la atención del oficialismo que está muy empecinado en mirar sus propias iniciativas”, coincidió el abogado constitucionalista Félix Loñ.

FUENTE: CRITICADIGITAL

Luego del gigante bonaerense, la provincia de los Kirchner es la que más fondos públicos absorbió, incluso por encima de otras más pobladas. De Vido, el repartidor.

Las críticas al ex presidente Néstor Kirchner y también ahora a Cristina por la discrecionalidad con la que se decide a qué provincias asignarles obras públicas siempre estuvieron a la orden del día. Ante el inminente anuncio de un megaplan al estilo “keynesiano”, los escépticos una vez más se preguntan cómo se van a distribuir los proyectos previstos. Las dudas están fundadas en que las provincias “amigas” siempre estuvieron entre las más beneficiadas en desmedro de las “enemigas”.

Un informe realizado por PERFIL, respecto a la distribución presupuestaria desde el Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad hacia las provincias durante los cinco años de gobierno kirchnerista, deja en evidencia que Santa Cruz, el pago chico del matrimonio presidencial, es el segundo destino que más fondos recibió. El primer puesto, como era de esperar, es para Buenos Aires, por lejos la provincia más poblada del país.

Luego de Santa Fe y Córdoba, otros distritos de importancia, los mayores beneficios los tuvieron provincias donde hay gobernadores afines al Ejecutivo nacional, como Tucumán (José Alperovich), Formosa (Gildo Insfrán), Chaco (Jorge Capitanich), Chubut (Mario Das Neves) y San Juan (José Luis Gioja), en ese orden.

Por el contrario, las provincias más perjudicadas son de sectores que durante este período estuvieron o están más distantes del Gobierno. El último de la lista es San Luis, territorio gobernado por los hermanos Rodríguez Saá, que desde un principio se posicionaron dentro del peronismo disidente. Luego están Tierra del Fuego (Fabiana Ríos, del ARI), Neuquén (Jorge Sapag, del MPN) y Catamarca (el ex radical K Eduardo Brizuela del Moral).

Contracaras. En el caso de Tierra del Fuego, que como es una de las provincias más chicas y menos pobladas es entendible que no esté a la cabeza del listado, se ve cómo el cambio de bandera política la perjudicó. En 2007, cuando todavía gobernaba el peronista Hugo Cóccaro, los fueguinos recibieron más de 136 millones de pesos. Este año asumió la arista Ríos y, según la ejecución presupuestaria al 30 de noviembre, ya se ven las consecuencias: le giraron sólo 45 millones. En Catamarca se da una situación similar. El gobernador dejó de ser K y pasó de recibir 165 millones a 120 millones. En Neuquén, por el contrario, Sapag, que reemplazó a Jorge Sobisch y se mostró más cercano al Gobierno, ya superó la cifra recibida el año anterior.

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Una periodista estuvo en el resort K de El Calafate. Suites de US$1500, gerente hipertenso y muebles mudados en avión oficial.

Es un sábado soleado en El Calafate, pero el gerente de Los Sauces está encerrado en su habitación porque tuvo un pico de presión. Ayer, viernes 28 de noviembre, llegó la dueña, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y desde entonces lo único que él escucha son sus quejas y reclamos. Que el jardín es un desastre, que las mucamas todavía no aprendieron a acomodar los almohadones en las camas king size y que el nivel de ocupación deja mucho que desear…

Los huéspedes, en su mayoría europeos, se dedican a disfrutar del lujo, la vida gourmet y el imponente paisaje natural. No imaginan que la Presidenta argentina es la dueña del lugar, ni que está disconforme con su emprendimiento.

Los 20.000 habitantes del Calafate lo conocen como “el hotel de los Kirchner”, pero la Presidenta lo bautizó “Los Sauces – Casa Patagónica”. Desde que lo inauguró en el 2006, es ella la que custodia de cerca todos los detalles.

Atentos a la última tendencia, los Kirchner idearon un hotel boutique de primera categoría que privilegia la sobriedad, el buen gusto y la atención personalizada, para diferenciarse de los hoteles de categoría de la zona. Sin embargo, los precios de Los Sauces son superiores a los de un hotel cinco estrellas: una noche en la habitación más sencilla de las 38 disponibles cuesta US$ 780 por persona, pero si el huésped tiene un presupuesto aún más holgado para su viaje puede pagar los US$ 1.500 que sale la Master Suite. Los precios de los servicios que ofrece el hotel acompañan los del hospedaje: 665 pesos (con 50 centavos) sale un tratamiento “pure luxe” en el spa y un almuerzo en el restaurante no baja de los 250 pesos.

Una periodista de la revista Noticias vivió allí el mismo fin de semana en que el matrimonio estuvo en El Calafate y cuenta cómo se ve la “redistribución de la riqueza” desde un hotel cuya suite VIP (curiosamente llamada “Evita”) cuesta 1500 dólares la noche.

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Impactantes, grandilocuentes, apoteóticos. Así han sido siempre los anuncios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Detrás de esa cáscara, sin embargo, se esconde una realidad muy distinta. Y eso queda demostrado a la perfección en el documental “Las 100 mentiras de los Kirchner”, que tras ser presentado en varias entregas en Perfil.com ahora está compilado en un DVD, que se envía a todo el país, sin gastos de envío.

Se trata de una producción totalmente original que demandó la recolección 90 testimonios, 20.000 kilómetros recorridos y 30 horas de grabación, que posibilitaron la edición de un material al que 500 mil personas pudieron comenzar a acceder a través de este sitio. Un esfuerzo realizado por dos periodistas que recorrieron el país a lo largo y a lo ancho, y que así dejaron al descubierto la falsedad de las promesas K de un modo en que jamás lo mostró ni lo mostrará la TV.

Ahora, todo el fruto de esa paciente investigación periodística llega en un DVD, que puede adquirirse sin gastos de envío llamando al 4341-8900.

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El empresario K Lázaro Báez podría recibir una millonaria compensación por una hidroeléctrica

El empresario kirchnerista Lázaro Báez continúa sacando provecho de sus vínculos con el poder. Hace una década nadie lo conocía. Pasó de ser un empleado bancario a uno de los magnates de la obra pública y el petróleo. Pero su holding empresario crecerá, ahora, al calor del negocio hidroeléctrico: buena parte de las 182 mil hectáreas que posee a la vera del río Santa Cruz podrían ser expropiadas una vez que se construyan las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa.

A cambio, Báez recibiría más dinero del que invirtió en los últimos dos años –27,3 millones de dólares. Aún cuando en lugar de la expropiación se pusiera en marcha un mecanismo de subsidios –como ocurre en otros países con este tipo de obras–, Báez saldría beneficiado porque en ese caso se quedaría con las propiedades y con el dinero del Estado.

“Las estancias de la zona tienen más de diez mil hectáreas cada una, por lo que se supone que la inundación afectará sólo a la parte que está a la vera del río. El resto de las tierras quedarán intactas”, explicó a Perfil Mariana Zuvic, presidenta de la Coalición Cívica de Santa Cruz y autora de un informe especial sobre el grupo empresario de Báez.

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El senador nacional por la UCR de Santa Cruz, Alfredo Martínez, aseguró que los jueces que pretenden apartar a la querella de la causa contra el ex ministro Daniel Varizat pertenecen al “proyecto político del Frente para la Victoria” y han “tratado de colaborar” con el ex funcionario kirchnerista.

Martínez precisó que los jueces Alicia Mercau y Jorge Chávez, que resolvieron dejar fuera de la causa a los abogados querellantes, “son un hombre y una mujer muy cercanos o pertenecientes al proyecto político del Frente para la Victoria”.

“Desde el primer momento la Justicia ha tratado de colaborar con Varizat, pero lo que reclama la gente es que este hombre sea juzgado por la barbaridad que cometió”, manifestó el senador opositor, en declaraciones a radio Continental.

Varizat atropelló con su camioneta en agosto de 2007 a una veintena de manifestantes estatales, tres de los cuales aún padecen secuelas de lo ocurrido.

Martínez precisó que “en el caso del doctor Chávez, es un hombre ligado hace muchísimos años al Frente para la Victoria, a Néstor Kirchner, fue partícipe activo de ese grupo político, fue concejal en la ciudad de Río Gallegos, fue candidato a intendente, ha ocupado distintos cargos” antes de ser nombrado en la Justicia provincial.

“Hace poco tiempo -agregó- en una terna fue designado como miembro de la Cámara Federal que se va a instaurar en Río Gallegos”. En tanto, manifestó, la jueza Mercau “está esperando su designación en el máximo tribunal de la provincia de Santa Cruz”.

Martínez advirtió que “la mayoría de la provincia de Santa Cruz es absolutamente dependiente del poder político y, en este caso, Kirchner sigue manejando los hilos” del distrito.

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Participa en los actos para presentar construcciones que en la mayoría de los casos están incompletas o ya habían sido inauguradas. En 121 días estuvo en 103 actos de anuncios.

Después del estrepitoso final de las retenciones móviles, la estrategia del Gobierno fue mostrar a una Presidenta enérgica y activa, recorriendo todo el país para contrarrestar el cimbronazo del voto “no positivo” de Julio Cobos. Los números saltan a la vista: en 121 días, Cristina Fernández de Kirchner participó de 103 actos con anuncios fuera de la Casa Rosada.

PERFIL realizó esta semana un recorrido por 15 obras, seleccionadas al azar, que inauguró la mandataria desde aquella madrugada del 17 de julio. En siete de ellas, se encontraron distintas irregularidades: desde deficiencias edilicias y falta de servicios esenciales hasta inauguraciones ficticias o por partida doble. Deficiencias producto de los apuros políticos y de la necesidad de mostrar actividad a cualquier costo.

“Solamente los que hemos alquilado alguna vez sabemos de la alegría de poder contar con la casa propia”, afirmó el lunes pasado la Presidenta sobre el escenario de Hurlingham, mientras la observaban vecinos del Barrio Mitre y, a través de pantallas gigantes, habitantes de Pilar, Mar Chiquita y Chascomús.
Con una videoconferencia, Cristina Kirchner entregó las llaves a 1.058 adjudicatarios del Plan Federal de Viviendas, con planes de pago a 30 años. Tal vez no lo sabía, pero las cien viviendas del Barrio Mitre que estaba inaugurando recién serán habitadas a principios del mes que viene.

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Después de las presentaciones de Carrió, un dirigente justicialista cuestiona la forma en que desembarcó en la presidencia del partido.

Ernesto Petterson, dirigente justicialista de Quilmes, presentó en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia para anular las recientes modificaciones en la Carta Orgánica del partido “habida cuenta de irregularidades en la citación de los Congresales del Partido”.

En diálogo con Perfil.com, Petterson confió en que “la Justicia fallará en el corto plazo y sacará al presidente Néstor Kirchner”. Al mismo tiempo, agregó que desde el desembarco de Kirchner a la presidencia del Justicialismo se “acomodaron los tiempos para presentarse como presidente del partido y los plazos de presentación de padrones”.

En su denuncia, deja constancia de la violación de la ley 23.298, al destacar que “no se han cumplido con las previsiones de la Carta Orgánica Provincial y, por los mismos motivos, impugnamos las candidaturas de aquellos que, de acuerdo a la investigación que peticionaremos en el capítulo correspondiente, no cumplan con la antigüedad en la afiliación requerida por las normas vigentes”.

Petterson advirtió que, desde que el ex presidente comanda el partido, “estamos peor que en la dictadura militar” por el despojo que padecieron buena parte de los dirigentes del viejo PJ.

La presentación quedó en manos del fiscal general federal Ernesto Rizzi, que se encargará de desmenuzar el pedido para que se declare la nulidad del Congreso Nacional y “la nueva carta orgánica” partidaria.

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Estamos acostumbrados a las contradicciones K. Parece que no aparecerá ninguna más pero éste gobierno no deja de sorpredernos.

Argentina se debate el fin de las AFJP. Los K argumentan que el sistema de AFJP es perverso y la oposición afirma que el fin de las AFJP encubre la necesidad de usar los fondos para otras cosas. Por supuesto, el oficialismo salio a desmentirlo fervorosamente.

Sin embargo, en marzo de este año ocurría algo diferente. El gobierno presionaba en el Congreso para que los recursos de la ANSES fuesen desviados a otras areas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, pretendía que los jubilados le prestaran a AySA (empresa estatal de aguas) 890 millones de pesos como parte del plan quinquenal de obras que anunció Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa.

Un documento interno del Ministerio de Economía adviertía sobre el riesgo de esa operación: “Resulta improbable que la empresa pueda hacer frente con sus ingresos operativos al reintegro de los montos que se le aporten”, dice el dictamen de la Secretaría de Hacienda.

Hace sólo unos meses el oficialismo pretendía usar los fondos de las jubilaciones en otras areas. Hoy, lo niegan rotundamente…. Qué pasará mañana?

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó hoy que presentará en los próximos días una “denuncia penal” contra el ex presidente Néstor Kirchner, por considerarlo “jefe de una organización ilícita” destinada a malversar los fondos de las AFJP, de aprobarse el proyecto por el cual el Estado se hace cargo de las jubilaciones.

Carrió denunció que “el objetivo del Gobierno es que apenas sea sancionada la ley, se largue un gran plan de obras públicas, comandado por Julio de Vido (el ministro de Planificación) y Néstor Kirchner, que en realidad es mandar el dinero de los jubilados de la ANSeS y ahora de las AFJP, a una asociación ilícita”.

“Estamos en condiciones de presentar una denuncia penal por defraudación al Estado, evasión impositiva y asociación ilícita, poniendo como jefe de la asociación ilícita a Néstor Kirchner y como integrante a Julio de Vido, a Claudio Uberti (ex funcionario), a Ricardo Jaime (secretario de Transporte) y a Lázaro Báez, que es el testaferro de Kirchner”, dijo la dirigente a Radio 10.
Al respecto, dijo no tener “elementos de prueba para decir que Cristina es parte de la asociación ilícita” aunque mencionó la ” responsabilidad institucional indubitable de la Presidenta de la Nación en convalidar el saqueo organizado por su esposo”.

Carrió aseguró que “están todas las pruebas” y que se trata de “una megadenuncia con toda la documentación de todos estos años”, y citó “obras de 400 millones que se les pagó a Lázaro Báez y que nunca se ejecutaron”. “Que cuando se vote en el Senado, se sepa bien que se está dando el dinero a una asociación ilícita para seguir saqueando la Nación”, enfatizó.

Carrió precisó que “el miércoles está terminada la denuncia, está la documentación en la AFIP, acerca de la evasión impositiva en contrataciones” del Estado.

Sobre la media sanción que le dio Diputados al proyecto de reestatización, en la madrugada del viernes, la dirigente sentenció que “es obvio que estamos ante una estrategia de saqueo final” y apuntó: “me recuerda mucho a (Domingo) Cavallo y (Fernando) de la Rúa; Cavallo es Kirchner y De la Rúa es Cristina”.

Sobre la votación, admitió que ” la derrota en Diputados ha sido enorme” y que “ya sabía que ellos (el oficialismo) iban a obtener 160 votos” para darle media sanción. Carrió instó a “acompañar desde afuera a quienes desde adentro dan la batalla” y dijo tener una “fe absoluta” en que será rechazado el proyecto en la Cámara Alta.

FUENTE: PERFIL.COM