Duro día para el funcionario, quien dijo que Marsans aceptó los cambios de Diputados al proceso de nacionalización. Morales, de la UCR, le enrostró haber mentido en la cara de los legisladores. Mata: “Jaime los va a engañar”.

El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, afirmó hoy que el Gobierno no contempla la alternativa de expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral, en función que el propietario actual de las compañías aéreas acepta la discusión de la venta de las acciones.

Jaime expresó que el grupo Marsans mostró “una amplia voluntad” de aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, que dejó de lado el acta-acuerdo que suscribió con el Ministerio de Planificación.

La respuesta del funcionario se convirtió en una de las definiciones de su intervención, luego que senadores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y Transporte advirtieron de que la empresa española podría negarse a aceptar los cambios operados en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, por lo que la ley dejaba abierta una instancia no contemplada por la legislación en análisis.

“La ley nacional de expropiaciones no contempla en ninguno de sus articulados la expropiación de empresas ni de acciones comerciales, sino sólo de bienes o de inmuebles”, afirmó el funcionario, luego que a través de una pregunta le llegó la inquietud de senadores que admitían la posibilidad de que actual propietario de ambas firmas se negaran a aceptación la decisión del Congreso que desconoció el acta firmada el 17 de julio.

El funcionario se reunió durante más de tres horas con senadores convocados por las comisiones que deberán producir los dictámenes para la sesión del cuerpo que deberá hacer el debate final, que en principio podría realizarse el miércoles de la próxima semana.

Jaime enfrentó una persistente crítica de los legisladores de la oposición que cuestionaron la acción del gobierno y la suya propia durante los últimos años, que provocaron un deterioro ostensible en la calidad del servicio aerocomercial.

La intervención de los senadores oficialistas apuntó a respaldar el texto sancionado por la Cámara de Diputados en la sesión de la semana anterior y trataron de contener el ímpetu crítico de los opositores, apelando al recurso de la necesidad de mantener un clima de debate razonable, aunque sin aludir a las acciones objetadas por la oposición en la gestión oficial.

El funcionario eludió responder preguntas que indagaban sobre la vigencia el acta-acuerdo que Jaime firmó con el grupos Marsans el 17 de julio, aunque las consideraciones apuntaron a reconocer que nada ha cambiado en esta área desde que Diputados decidió desconocer el pacto suscripto por ambos.

La reunión entró en un ambiente de gran tensión, cuando el titular del radicalismo y senador de Jujuy, Gerardo Morales, calificó de “mentiroso” a Jaime ante respuestas en las que argumentó el gobierno había consultado a todos los organismos fijados por ley para analizar los balances de las empresas que durante años dieron negativos y el Estado en principio se negó aceptar.

Morales lo acusó de “convalidar el vaciamiento de la empresa y aceptar el fraude” de los balances de Marsans, y reivindicó al ex ministro de Economía y su compañero de fórmula en las últimas elecciones, Roberto Lavagna, quien, dijo “impugnó los estados contables” de la firmas, hasta que nuevamente a partir del 2005 fueron aprobados.

La intervención de Morales produjo un revuelo entre los senadores oficialistas, en particular a cargo de los titulares de los dos comisiones, Fabián Ríos y Eric Calcagno, y el clima quedó restablecido luego que presidente del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, reclamó “bajar el tono” de las intervenciones y retornar a “los temas contemplados por el proyecto aprobado por Diputados”.

Jaime dijo que el gobierno no quiere “hacerse cargo de ninguna deuda”, pero tampoco “apropiarnos de algo sin los instrumentos legales que nos corresponde, para no quedar expuestos a nuevas instancias legales”.

También hizo distribuir a los senadores un cuadro del balance de las empresa de Marsans y reconoció que la deuda general llega a 890 millones de dólares, aunque de ella, más de 300 millones corresponde a incumplimientos de pagos con organismos del Estado.

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Denuncian que el Gobierno transfirió al grupo español Marsans más de 200 millones de pesos entre julio y agosto. Así lo expresó el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Oscar Aguad, que, en un comunicado expresó que el Gobierno “ha transferido indebidamente” más de 200 millones de pesos a la empresa española Marsans, que era la operadora de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.

En el comunicado, Aguad proporcionó el detalle de las transferencias por poco más de 200 millones de pesos al grupo Marsans distribuidos en seis pagos entre el 11 de julio y el 1 de agosto.

El diputado indicó que la empresa Marsans “ha sido beneficiada por medio de resignaciones presupuestarias en detrimento del PAF (Programa de Asistencia Financiera a las Provincias)”.

Aguad manifestó que la “disposición discrecional de los recursos presupuestarios ha sido realizada cuando, aún, está pendiente en el Congreso de la Nación el tratamiento un proyecto de ley que debe determinar si se autorizan o no, dichas transferencias”.

“La gravedad de este uso indebido de los recursos presupuestarios amparado en los superpoderes, asume en este caso un cariz de gravedad institucional debido a que no sólo se asiste económicamente y sin control a una empresa extranjera privada sino que, además, se ridiculiza al Congreso Nacional dando por consumado un hecho que no ha sido legalmente autorizado”, sostuvo.

En ese marco, Aguad insistió en que “los hechos mencionados, además de las investigaciones correspondientes y de la necesidad de una urgente intervención de la Auditoría General de la Nación, exterioriza la necesidad de derogar, cuanto antes, la ley que otorga superpoderes al PEN”.

Sin aviones para Aerolíneas. El grupo español Marsans sigue adelante con su pedido de 61 aviones Airbus, a pesar de la venta de su filial Aerolíneas Argentinas, que iba a absorber aproximadamente el 40 por ciento de las nuevas aeronaves, dijo el viernes un portavoz de la firma española de turismo.

El acuerdo alcanzado en octubre, que incluía la adquisición de cuatro superjumbos A380, fue el origen del proyecto de Marsans para desafiar la posición de dominio de la aerolínea de bandera española Iberia IBLA.MC en las rutas latinoamericanas, junto con la creación de un nuevo centro de operaciones en Barcelona.

Inicialmente, planeaba utilizar los aviones en Air Comet, Aerolíneas Argentinas y Spanair, aunque desde que suscribió el acuerdo con Airbus EAD.PA EAD.DE en octubre se retiró de la puja por Spanair, controlada por la sueca SAS SAS.ST, y acordó la venta de Aerolíneas al Estado argentino.

“El pedido sigue siendo firme, no ha habido ninguna variación en absoluto”, dijo el director de Comunicaciones de Marsans, Angel del Río. “Lo que ha variado es la utilización, según el rumbo que tomen las cosas en Air Comet”, agregó.

El portavoz dijo que el grupo mantenía abiertas todas las opciones, desde relanzar sus planes al sur del Atlántico hasta revender los aviones a otras aerolínas ahorrándoles la larga lista de espera de Airbus.

Aerolíneas Argentinas, la mayor línea aérea del país, sería una de las empresas que podría comprar los aviones si Marsans los pone a la venta, dijo el portavoz.

La venta del 95 por ciento de Marsans en la aerolínea argentina ha sido objeto de grandes tensiones desde que se anunciase un principio de acuerdo a mediados de julio, debido a las discusiones entre ambas partes por el precio de la aerolínea, cuya deuda ronda los 900 millones de dólares.

El secretario de Transportes argentino, Ricardo Jaime, dijo el miércoles que el Gobierno no debería pagar nada a Marsans por la aerolínea, que se ha visto azotada por huelgas de los trabajadores y quejas de un servicio deficiente.

El portavoz de Marsans dijo que los asesores independientes decidirían sobre el valor de la compañía, aunque Argentina también tendrá que estar de acuerdo en el precio.

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Pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”.

Por Claudio Lozano, Diputado nacional

El debate sobre cómo asignar los recursos públicos recorre los pasillos del Congreso. En un caso, el de Aerolíneas Argentinas, la propuesta promueve el traslado al Estado de la deuda acumulada por el grupo Marsans en la gestión de la empresa. En el otro, la actualización de los haberes jubilatorios (la llamada movilidad previsional) incorpora restricciones múltiples a efectos de evitar que los aumentos en los haberes sean excesivos. Es más, se privilegia la ampliación creciente del denominado Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional (que a finales de este año alcanzará cerca de $ 21 mil millones). Podríamos arrojar un primer juicio diciendo que, pese al discurso vigente, seguimos en una lógica que combina las dos caras: la del “Estado bobo”, y la del “Estado turro”. Por un lado, no hay inconvenientes en invertir dinero público convalidando gestiones empresarias cuasidelictivas (ej.: Marsans). Por otro, el Gobierno adopta el rostro de la austeridad y la seriedad institucional a la hora de hablar y decidir acerca de cómo y cuánto recomponer los haberes jubilatorios. Las cosas son así:

AEROLÍNEAS. Bajo el título de “Reestatizar Aerolíneas Argentinas”, el oficialismo ha enviado un proyecto que lo único que hasta el momento deja en claro es que se estatizará la deuda que hoy tiene la empresa. En este sentido, el proyecto, si no se modifica, resulta diáfano en sus objetivos. En ningún momento incorpora la palabra “reestatización”, su artículo 1º habla de rescate y compra de acciones (con lo cual se compra la deuda), y, como si esto fuese poco, en el artículo 6º anuncia la posterior privatización. Para colmo de males, las malas lenguas comentan que el Gobierno ha designado al frente del directorio como uno de sus representantes al Dr. Juan de Dios Cincunegui, quien, se dice, tiene aceitados vínculos con el Grupo Eurnekian. Por cierto, quien conduce el proceso (Ricardo Jaime) no goza casualmente de mucha confianza en lo relativo a la tarea de fortalecer y desarrollar el transporte público. En relación concreta con el caso Aerolíneas, fue quien comandó la decisión gubernamental adoptada en 2006 de desistir de las impugnaciones judiciales que el Estado argentino había sostenido hasta 2005 y en nombre de las cuales no había firmado los balances de la empresa. Jaime resuelve a partir de 2006 firmar y convalidar todo así como volver a incorporar a un director del Estado en la conducción empresaria. Es bueno tener en cuenta esta decisión, ya que se toma el mismo año en que el Tesoro español decide iniciarle juicio al Grupo Marsans denunciando que los u$s 758 millones que España le había otorgado para capitalizar Aerolíneas no habían tenido ese destino y el grupo empresario se había quedado con u$s 450 millones. Es curioso que justo cuando desde la propia España se identifican irregularidades que denunciaban el evidente vaciamiento de la empresa, en lugar de profundizar las acciones judiciales e iniciar una estrategia de recuperación del servicio de aeronavegación, la decisión haya sido declinar las impugnaciones judiciales, ingresar al directorio y terminar dos años más tarde, de apuro, asumiendo la empresa con una deuda de casi u$s 1.000 millones. Resolver el caso Aerolíneas exige modificaciones sustantivas del proyecto oficial para garantizar tres premisas. Una es la garantía de control estatal futuro del servicio de aeronavegación y de nuestra aerolínea de bandera. La segunda es no dilapidar recursos públicos, lo cual requiere iniciar acciones judiciales sobre Marsans en referencia a su responsabilidad en el vaciamiento empresario y avanzar en una demanda que reclame a Marsans e incluso al propio Estado español la efectiva concreción del aporte comprometido y no completado de los u$s 758 millones. Por último, garantizar la continuidad y la estabilidad laboral de los 9.300 trabajadores de Aerolíneas y Austral.

MOVILIDAD DE LOS HABERES PREVISIONALES. La propuesta oficial no podría haber sido más restrictiva. Por un lado, si no existen modificaciones, la denominada Prestación Básica Universal es llevada a $326 y no se toma en cuenta para la aplicación de la movilidad. Esto supone, que para el 76% de los jubilados que ganan el mínimo ($690), la movilidad se aplica sólo sobre la mitad y no sobre el total. Además, el proyecto en ningún caso se plantea comenzar un proceso de recomposición de los haberes para llevarlos a los niveles que resultarían de aplicarles la movilidad que perdieron durante los últimos años. No se trata de pagar lo adeudado, sino de mejorar el punto de partida para no convalidar como base, en la gran mayoría de los casos, el haber mínimo. Resulta incomprensible que no se haya pensado que los $21 mil millones que el Fondo acumula podrían permitir una recomposición de los haberes, quizás en etapas, pero recomposición al fin. Por último, en la fórmula de movilidad que promueve el proyecto oficial no sólo no se computa toda la recaudación (sólo incluye el 90% de los recursos impositivos y no incorporan los aportes de los trabajadores ni las contribuciones patronales), sino que además se la divide por el total de los beneficios (jubilaciones y pensiones) que paga el sistema. Se incorporan así, sin recursos adicionales, todos aquellos que lleguen vía distintas moratorias (por ejemplo la última: 1.300.000 jubilados más). Para ser preciso, aplicando el proyecto oficial, los que ganan el haber mínimo hubieran tenido un aumento en 2008 de apenas un 6%. Presentado bajo el lema de la seriedad presupuestaria, este proyecto sólo busca consolidar al ANSES como una caja superavitaria (en base a la represión en el aumento de los haberes) con la que puedan asistirse las necesidades de la Tesorería.

Así las cosas, mientras se niega la posibilidad de una recomposición de las jubilaciones, el Fondo creado para “sustentar el sistema” sí puede realizarle un préstamo a AySA por $800 millones o garantizar financiamiento para letras de tesorería para 2008 por $7.952,6 millones (pago de deuda pública). Es más, si nos descuidamos, puede haber recursos previsionales que sean destinados a pagar la deuda con el grupo Marsans.

Aerolíneas debe ser del Estado, su deuda no. La recomposición de los haberes jubilatorios es una deuda de nuestra sociedad con nuestros mayores, esa deuda la debe asumir el Estado.

Sostienen que el pasivo que asumirá el Estado es “confuso”

Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION

Los principales referentes de la oposición denunciaron ayer que entre el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el grupo español Marsans pergeñan “un fenomenal fraude al fisco” para que el Estado, en la negociación de compra de Aerolíneas Argentinas y Austral, se haga cargo del fuerte pasivo que acarrean las compañías. Ese monto es calculado por el Gobierno en 890 millones de dólares, cuyo origen, adujo la oposición, es “confuso y cuestionable judicialmente”.

Los bloques de diputados de la UCR, Coalición Cívica, Pro, Frejuli y otras bancadas unipersonales advirtieron que, de aprobarse el acta acuerdo suscripta el mes pasado entre el Gobierno y Marsans -controlante de ambas aerolíneas-, el Estado, al efectuar la compra de las acciones, asumirá también el pasivo que dejará el grupo español. Ante esta perspectiva, los opositores anticiparon ayer que rechazarán esa acta acuerdo cuando se discuta en el recinto de la Cámara baja y propondrán una alternativa: la creación de una nueva sociedad aerocomercial estatal.

Esta nueva compañía, explicaron, absorberá la totalidad de los empleados de Aerolíneas Argentinas y de Austral, como también las rutas operables, que son propiedad del Estado, recalcaron, no de Marsans. Hasta que esta sociedad se constituya -que podría demorar unos cuatro meses, explicaron-, propusieron que el Estado continuara financiando ambas líneas aéreas para garantizar la prestación del servicio en todo el país.

El primer paso será, entonces, rechazar el acta acuerdo ya suscripta, que constituye la médula espinal del proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso para su aval. Esta postura también será acompañada por otros bloques de la oposición que no estuvieron presentes ayer en la conferencia de prensa, como el socialismo, SI y bloques provinciales. También Claudio Lozano (CTA) y Jorge Sarghini (justicialismo nacional) plantearán el rechazo. “Si avala esta acta acuerdo, el Congreso pondrá un manto de sospecha en una negociación que ya aparece oscura porque el Estado, sin conocer todavía el activo de las compañías, se hará cargo de un fuerte pasivo”, sostuvo Sarghini.

Connivencia

La oposición está convencida de que detrás de esta acta acuerdo hay connivencia entre Jaime y Marsans para que el Estado asuma parte del pasivo de las aerolíneas. Una vez saneadas con recursos del Estado, el Gobierno podrá ceder, en una nueva negociación, parte de las acciones a un privado.

El jefe del bloque radical, Oscar Aguad (Córdoba), recordó que en 2001 el Estado español -que controlaba las aerolíneas argentinas por medio de Iberia- cedió su prestación a Marsans y le otorgó, además, 750 millones de dólares para su saneamiento financiero y la compra de 23 aviones. “Pero seis años después no hubo saneamiento, tampoco compra de aeronaves y hoy Marsans pretende venderle al Gobierno la misma empresa en un monto desconocido, pero con una deuda de 890 millones de dólares, sin activos físicos y con la marca devaluada”, advirtió. El legislador cuestionó al Gobierno por haber objetado inicialmente los balances de Aerolíneas de los años 2002, 2003 y 2004, pero luego “sorpresivamente y sin dar razones” haberlos aprobado pese a que los había considerado fraudulentos.

El jefe de bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires), advirtió que la solución para Aerolíneas Argentinas y Austral “no pasa por que todos los argentinos se hagan cargo de un pasivo contraído, posiblemente, de manera delictiva”, y rescató la creación de una nueva empresa aerocomercial porque “partirá de cero y sin deudas”.

A su turno, el jefe del bloque macrista de Pro, Federico Pinedo (Capital), afirmó que las bancadas de oposición no tienen interés en derrotar al Gobierno, sino que el Poder Ejecutivo pueda tomar las propuestas que tienen como eje “garantizar el servicio público interno y la comunicación con el interior del país y evitar que el pueblo argentino se haga cargo de la deuda de una empresa privada”. En tanto, el diputado del Frejuli, el puntano Luis Lusquiños, sostuvo que los opositores no quieren “convalidar un nuevo fraude al Estado nacional y al pueblo argentino”.

Boicot

• La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), advirtió ayer que hará un “boicot sorpresivo” a empresas españolas radicadas en el país en repudio a “la grave situación” de Aerolíneas Argentinas, que, según indicó, “pone en riesgo miles de fuentes de empleo”. El boicot consistirá en una campaña nacional para pedir a la población que no compre en las empresas españolas radicadas en la Argentina.

fuente: Lanacion.com

Vicente Muñoz, director corporativo de la empresa, criticó el “alto nivel de conflictividad”; el oficialismo acusan de “vaciamiento” al grupo español; la oposición denuncia un supuesto “manejo fraudulento” de los fondos públicos

La discusión previa a la reestatización de Aerolíneas Argentinas ya tiene varias acusaciones cruzadas. Hoy los directivos de Marsans defendieron la gestión de ese grupo español en Aerolíneas y responsabilizaron a los sindicatos de la conflictividad laboral que entorpeció el manejo de la compañía, durante una presentación en el Congreso.

Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans y miembro del consejo de transición consensuado con el Estado argentino mientras se concreta la nacionalización de Aerolíneas, y Horacio Fargosi, ex presidente de la compañía, comparecen ante las comisiones de Transportes y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

En los primeros minutos de su comparecencia, Muñoz explicó que Marsans decidió abandonar Aerolíneas Argentinas debido al “alto nivel de conflictividad” de los sindicatos, en especial de pilotos, a cuyas protestas atribuyó las grandes pérdidas de la empresa.

Según Muñoz, en los últimos 12 meses Marsans perdió 280 millones de dólares debido a la conflictividad laboral.

Además, insistió en que la deuda exigible se limita a 290 millones de dólares y no a 890 millones de dólares, como se ha divulgado entre algunos sectores involucrados en el conflicto.

“Es falso que la empresa deba 890 millones de dólares, porque se confunden los pasivos con la deuda”, apuntó Muñoz, que aseguró que hay compañías aéreas que tienen pasivos superiores y funcionan con normalidad porque se tienen en cuenta sus activos.

Rechazó también las acusaciones de sobre-venta de pasajes y afirmó que se han contabilizado unos 147 millones de dólares en pasajes pendientes de uso, “una cifra triste”, dijo, que podría ser mayor si no fuera por la desconfianza de los clientes a causa de las huelgas promovidas por los sindicatos.

“No se han sobre-vendido pasajes”, insistió, “en todo caso se han sobre-programado vuelos para cubrir la demanda y mejorar la rentabilidad”, pero, cada vez que se intentó, los sindicatos convocaron huelgas y “le hicieron mucho daño a la compañía”, dijo.

A su juicio, “con la actual conducción del sindicato de pilotos no habrá solución” para Aerolíneas Argentinas ni para su subsidiaria de vuelos de cabotaje, Austral.

Por otra parte, el diputado radical Alejandro Nieva confirmó que el grupo presentó hoy una demanda penal contra Marsans por “administración fraudulenta” y “vaciamiento” de Aerolíneas.

La demanda se amplía al secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, por presunto “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación y malversación de caudales públicos”.

Para el oficialismo los culpables son otros. El diputado del Frente para la Victoria Dante Dovena acusó hoy a los grupos españoles Marsans e Iberia de haber realizado “un vaciamiento” de Aerolíneas y Austral durante la privatización de esas empresas aereas.

Mientras se debate en comisión el proyecto de reestatización de las líneas aéreas enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, Dovena, integrante de la comisión de Transportes de la Cámara Baja, subrayó a Télam su “convencimiento” de la necesidad de la estatización.

El diputado explicó que, a partir de la ronda de consultas que el plenario de comisiones de Transportes y Presupuesto realiza con diversos actores involucrados, llegó a la conclusión de que “el estado actual de las empresas es la consecuencia de un vaciamiento que ha realizado el Grupo Marsans y (anteriormente) el Grupo Iberia”.

“El vacimiento se produce realmente con Iberia y luego se completa con Marsans”, especificó el diputado, y agregó: “lo lamentable es que un Estado como el español saquee a otro Estado como el argentino”.

De todas maneras, admitió que “en esto hubo responsables, y no solamente españoles. También hay argentinos, que han sido socios y cómplices para el saqueo”, dijo.

Aerolíneas Argentinas tiene un pasivo de 890 millones de dólares, pierde cerca de un millón de dólares diarios, la mitad de su flota está averiada y cuenta con una plantilla de 8800 trabajadores.

El Gobierno envió un proyecto al Congreso para que convalide la trasferencia de Marsans al Estado del 94,41 por ciento de Aerolíneas y del 97 por ciento de su subsidiaria Austral.

Desde que hace un mes el Gobierno y Marsans acordaron iniciar el proceso de traspaso accionarial, el Estado ha aportado unos 200 millones de pesos (65 millones de dólares) para pagar sueldos y gastos operativos.

fuente: Lanacion.com

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Oscar Aguad, denunció que entre julio y agosto de este año el Gobierno Nacional “ha transferido indebidamente” más de 200 millones de pesos a la empresa española Marsans, que era la operadora de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.

En un comunicado de prensa, Aguad proporcionó el detalle de las transferencias por poco más de 200 millones de pesos al grupo Marsans distribuidos en seis pagos entre el 11 de julio y el 1 de agosto.

El diputado indicó que la empresa Marsans “ha sido beneficiada por medio de resignaciones presupuestarias en detrimento del PAF (Programa de Asistencia Financiera a las Provincias)”.

Aguad manifestó que la “disposición discrecional de los recursos presupuestarios ha sido realizada cuando, aún, está pendiente en el Congreso de la Nación el tratamiento un proyecto de ley que debe determinar si se autorizan o no, dichas transferencias”.

“La gravedad de este uso indebido de los recursos presupuestarios amparado en los superpoderes, asume en este caso un cariz de gravedad institucional debido a que no sólo se asiste económicamente y sin control a una empresa extranjera privada sino que, además, se ridiculiza al Congreso Nacional dando por consumado un hecho que no ha sido legalmente autorizado”, sostuvo.

En ese marco, Aguad insistió en que “los hechos mencionados, además de las investigaciones correspondientes y de la necesidad de una urgente intervención de la Auditoría General de la Nación, exterioriza la necesidad de derogar, cuanto antes, la ley que otorga superpoderes al PEN”.

fuente: CriticaDigital